La familia de Joffre Antonio Aroca pidiĆ³ este viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una sentencia contra el Estado de Ecuador por lo que considera la ejecuciĆ³n extrajudicial del joven a manos de un policĆa en 2001.
La CorteIDH llevĆ³ a cabo este viernes una audiencia por este caso, en la que escuchĆ³ a Cinthya Aroca Palma, hermana de la vĆctima, asĆ como los alegatos finales de sus representantes legales, de la representaciĆ³n del Estado, asĆ como de la ComisiĆ³n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que se encarga de elevar las demandas al tribunal.
’21 aƱos sin justicia’
Ā«Han pasado 21 aƱos y no hemos podido encontrar justicia. Mis padres fallecieron sin haber podido encontrar justiciaĀ», declarĆ³ Cinthya Aroca.
SegĆŗn la demanda, el 27 de febrero de 2001, 4 agentes policiales abordaron a Joffre Aroca, de 21 aƱos en ese entonces, y varios amigos en la ciudad de Guayaquil, luego subieron al joven a un vehĆculo oficial y lo trasladaron a las cercanĆas de un estadio, donde muriĆ³ de un balazo.
Ā«Desconozco por quĆ© lo retienen y lo embarcan en la camioneta sin justa razĆ³n ni motivo. No sĆ© por quĆ© le dispararon, sigo sin entender que este policĆa, sin motivo, atacĆ³ a mi hermanoĀ», expresĆ³ Cinthya Aroca.
Por su parte, el representante de la CIDH, Jorge Meza, expuso ante la CorteIDH el caso y seƱalĆ³ que el Estado es responsable, ya que se tratĆ³ de una Ā«detenciĆ³n ilegal y arbitrariaĀ» porque Ā«no se dio bajo ninguna orden de detenciĆ³n ni supuesto de flagranciaĀ».
Demandan por ejecuciĆ³n extrajudicial
Meza agregĆ³ que Aroca no fue informado de las razones de su detenciĆ³n ni llevado ante una autoridad judicial y que Ā«su muerte fue producida por agentes judiciales, lo cual constituyĆ³ en una ejecuciĆ³n extrajudicialĀ».
La demanda tambiĆ©n seƱala que el caso fue juzgado por la jurisdicciĆ³n penal policial, lo cual violĆ³ el derecho de contar con una autoridad imparcial.
Meza indicĆ³ que en esa instancia se emitiĆ³ una sentencia que nunca fue ejecutada y aƱos despuĆ©s se decretĆ³ la prescripciĆ³n de la pena, mientras que la causa sigue abierta en la Justicia ordinaria a dos dĆ©cadas de los hechos.
La representante del Estado ecuatoriano, MarĆa Fernanda Ćlvarez, defendiĆ³ que Ā«los Ć³rganos internos del Estado cumplieron con la obligaciĆ³n de investigar y establecer una sentenciaĀ» y que ademĆ”s se llevaron adelante procesos disciplinarios contra otro policĆa que no informĆ³ de los hechos.
Ćlvarez explicĆ³ que el policĆa Carlos Rivera fue sentenciado en 2003 a 8 aƱos de prisiĆ³n por homicidio, pero la sentencia no se pudo hacer efectiva porque el hombre se fugĆ³. En 2021 se decretĆ³ la prescripciĆ³n de la pena.
En cuanto a la reparaciĆ³n a la familia, la representante estatal dijo que Ā«en todo momento el Estado de Ecuador ha estado presto con la obligaciĆ³n de reparar a los familiaresĀ», incluidos Ā«los mecanismos internos de la ComisiĆ³n de la Verdad.
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TambiĆ©n afirmĆ³ que el Estado intentĆ³ acordar una reparaciĆ³n con el acompaƱamiento tĆ©cnico de la CIDH, sin embargo no ha sido posible alcanzar un acuerdo.
Tras la audiencia de este viernes, las partes tienen un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces la CorteIDH podrĆ” emitir un fallo en los siguientes meses. EFE