Presidente Lasso expide decreto para aplicación de Ley de Gestión de Riesgos y desastres

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Actualizada:
17 oct 2023 - 18:16
Este martes 17 de octubre de 2023, el presidente Guillermo Lasso expidió el Decreto Ley Orgánica de Urgencia Económica de Gestión de Riesgos y Desastres.
El objetivo de esta ley es "reducir el riesgo de desastres y encaminar la gestión pública cuando estos se produzcan inevitablemente, para suprimir o reducir afectaciones y pérdidas, tanto humanas como económicas".
En la ley, además, se establece que los gobiernos autónomos descentralizados cantonales y provinciales deberán:
- Implementar las medidas y acciones para el análisis, evaluación y previsión del riesgo.
- Identificar en sus jurisdicciones, las zonas de riesgo y vulnerabilidades y elaborar mapas de amenazas y riesgos.
- Monitorear las amenazas de carácter natural en sus circunscripciones.
- Implementar los protocolos para la generación de información y para el intercambio efectivo de la misma, con los demás integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.
- Incluir el análisis de riesgos en los planes y proyectos de desarrollo local.
- Planificar y ejecutar los recursos necesarios para la comprensión, conocimiento, previsión y monitoreo de riesgos en su ámbito territorial, incluidos mecanismos de capacitación y participación ciudadana.
La ley, entre sus 14 artículos, establece sanciones como trabajo comunitario y multas de para las personas que incurran en infracciones graves como la difusión de alertas o información falsa referentes a emergencias o desastres.
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Además, "el incumplimiento de la presente ley, por acción u omisión, que produzcan daños técnicos y monetariamente cuantificables, podrán ser objeto de sanciones pecuniarias", añade el documento. Eso incluye a estamentos del Ejecutivo y gobiernos locales.
La expedición de esta ley llega 12 días después de que la Corte Constitucional emitió el dictamen favorable para la aplicación de esta norma. Esto pese a que prefecturas habían solicitado que se declare su nulidad pues aseguraban que el Ejecutivo "pretende apartarse de sus responsabilidades ante desastres naturales y gestión de riesgos".
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