Un militar fue sentenciado en Tulcán, Carchi, por la ejecución extrajudicial de un hombre que viajaba junto a su hijo de 12 años en una camioneta. Mario Fabián R. fue hallado culpable y condenado a 17 años de prisión.
Además deberá pedir disculpas públicas y pagar la cifra de 90 000 dólares a los familiares de la víctima. En el lugar del crimen, control fronterizo del destacamento militar “Tufiño” del Batallón de Infantería No. 39 Mayor Galo Molina, se colocará una placa memorial.
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Como medida adicional, la familia acudirá a terapia psicológica del sistema público. Así lo detalló la Fiscalía en un comunicado de prensa este 30 de noviembre de 2023.
La autoridad judicial añadió que el Tribunal declaró la «imprescriptibilidad del delito de asesinato en el contexto de ejecución extrajudicial, constitutiva como grave violación a los derechos humanos».
Y la presidente del Tribunal explicó que «la ejecución extrajudicial es la acción intencional de privar de la vida por parte de funcionarios del Estado, fuera del marco legal, sin garantías procesales mínimas”.
“¡Mataron al conductor!”
Gilberto T. manejaba una camioneta y viajaba en compañía de su hijo de 12 años el 26 de noviembre de 1990. El automotor perdió los frenos e impidió que se detuviera en el destacamento militar de Tufiño.
El vehículo chocó contra el muro del recinto militar y se descarriló. Ante el hecho, Mario Fabián R.E., hoy sentenciado, «le quitó el fusil a uno de sus subalternos y –sin observar las normas del uso progresivo de la fuerza, ni agotar los mecanismos disuasivos y menos letales– disparó a la camioneta«.
Varios disparos alcanzaron a la camioneta y una bala impactó al conductor por la espalda en la cabeza. Un hombre que también viajaba en el vehículo se bajó y gritó “¡mataron al conductor!”.
El entonces jefe del retén fue sometido a un proceso sumario ante una Corte Militar. Sin embargo, Fiscalía denuncia que en el proceso no participaron ni testigos, ni familiares de la víctima.
A falta de pruebas, el militar fue librado de culpa. Hasta que el caso llegó a manos de la Comisión de la Verdad y a la Fiscalía General donde se abrió una investigación previa en 2011.