La Contraloría General del Estado dio conocer, este jueves 6 de julio, sobre una glosa en Petroamazonas por 51,9 millones de dólares en perjuicios al Estado. Cinco funcionarios y un proveedor, contratado para suministrar servicios específicos (actividades de perforación, reactivación de pozos cerrados, construcción y ampliación de plataformas petroleras), están involucrados.
La auditoría a los contratos llevados a cabo entre el 01 de junio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 dijo que hubo un incumplimiento del Plan Anual de Actividades Comprometidas.
Según el informe de la entidad, los servidores, que trabajaron entre junio de 2017 y diciembre de 2020 en Petroamazonas, «sin que existan justificaciones técnicas y económicas aceptaron que el proveedor, Condor Servicios Petroleros Consepetro S.A., reprograme las inversiones en campos menores. En este caso la glosa sería de 36 546 275 dólares.
El personal de la empresa pública, que conformó los comités técnico y ejecutivo, aceptó el argumento de la contratista sobre la falta de licencias ambientales para perforar pozos. Sin embargo, el equipo de auditoría había establecido que las plataformas en las que se debía intervenir porque estaban regularizadas ambientalmente y no se requerían nuevas licencias.
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Y para justificar los cambios en la planificación de inversiones, Petroamazons también expuso problemas en la importación de equipos para realizar su trabajo por la pandemia del covid-19. No obstante, en el examen especial se identificó que no realizaron actividades entre enero y marzo de 2020. Es decir, esto antes del inicio de la emergencia sanitaria y en la declaratoria del estado de excepción el gobierno no incluyó a los sectores estratégicos.
Además, el organismo de control reveló glosas por 15 361 859 a la contratista por otras reprogramaciones que alteraron la planificación de las inversiones en la estatal petrolera.
De acuerdo a Contraloría, lo hizo gracias a que en el contrato suscrito con la empresa pública se establecía que el proveedor forme parte del Comité Ejecutivo de Petroamazonas y tenga voto dirimente en la toma de decisiones.
«Valiéndose de esta condición, la contratista aprobó los cambios, pese al desacuerdo de los funcionarios de la entidad», indica la Contraloría
En total el perjuicio al Estado alcanzó los 51 908 134 dólares, según en el informe, en el que se señala también que el proveedor de Petroamazonas solo efectuó inversiones por el 20% del monto acordado contractualmente. Además, suspendió sus servicios por 20 meses, tiempo que habría habilitado a la estatal para terminar el contrato.
#Boletín I La CGE confirmó la responsabilidad civil de cinco funcionarios, que trabajaron entre junio de 2017 y diciembre de 2020 en la extinta Petroamazonas y de un proveedor de la estatal petrolera, contratado para suministrar servicios específicos…🛢️ pic.twitter.com/kazmfLYmx9
— Contraloría Ecuador (@ContraloriaECU) July 6, 2023
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