Mes del Orgullo: En Ecuador aún se busca ‘corregir’ la diversidad sexual que hace 25 años se castigaba con cárcel

Por Patricia Armijo B. 

«Decían que mis males provienen de mi orientación sexual«. Lo dijo Juan (nombre protegido) en un video que se viralizó en redes sociales, luego de haber sido rescatado de una clínica clandestina en el norte de Ecuador. Sus padres habrían sido los responsables de su internamiento, en contra de su voluntad. Y el 27 de abril de 2023 fue liberado, luego de la intervención de la Fiscalía.

Una situación similar se conoció sobre Joaquín (nombre protegido) en marzo. Él vivía en la Costa ecuatoriana y un día fue encapuchado, retenido y trasladado durante varias horas en un auto. Sin saberlo fue sacado de su ciudad y llevado hacia el valle de Los Chillos, en Pichincha. Cuando colectivos Lgbtiq+ fueron alertados trataron de intervenir con las autoridades.

En una primera entrevista, Joaquín dijo que estaba encerrado contra su voluntad. Un testigo del caso conoce que luego la víctima de 30 años recibió amenazas de su familia y de trabajadores del centro. Cuando trataron de rescatarlo, dijo que estaba ahí por su decisión. En ese caso, las autoridades no pudieron intervenir y él quedó internado.

Los casos de ambos hombres homosexuales mayores de edad se hicieron públicos en solo un mes y medio. Este 28 de junio del 2023 se conmemora el Día del Orgullo Lgbtiq+ pero en Ecuador la Fiscalía investiga casos en los cuales se intenta ‘curar’ la orientación sexual. Uno de ellos derivó en secuestro, y una familia se enfrenta a la justicia.

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Las ‘clínicas de deshomosexualización’ son ilegales según la legislación nacional. Sin embargo, operarían de forma camuflada en centros de rehabilitación para personas adictas a sustancias psicotrópicas, señala Danilo Manzano, director de la organización Diálogo Diverso. Es decir, se trata de establecimientos que operan dentro del marco legal, con permisos de funcionamiento, para ofrecer un servicio que está prohibido.

25 años de despenalización no alcanzan

Hasta el 25 de noviembre de 1997, la población Lgbtiq+ en Ecuador podía ir a la cárcel. La homosexualidad estaba contemplada como delito en el primer inciso del artículo 516 del anterior Código Penal y castigaba a las personas con cárcel de cuatro a ocho años.

Ese 25 de noviembre, el entonces Tribunal Constitucional (actual Corte Constitucional) declaró la inconstitucionalidad del inciso en mención, con lo que se puso un alto a los abusos físicos, psicológicos y emocionales de los que eran víctimas las personas sexogénero diversas.

Más de dos décadas después, las ‘terapias de conversión’ o ‘deshomosexualización’ todavía se ofrecen en centros clandestinos. La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (Ilga) describe el último término. La ‘deshomosexualización’ implica ejercer «prácticas pseudocientíficas y dañinas, utilizadas para intentar alterar la expresión de género, la identidad de género o la orientación sexual de una persona«.

En febrero de 2020, Ilga publicó ‘Poniéndole límites al engaño: Un estudio jurídico mundial sobre la regulación legal de las mal llamadas terapias de conversión’. Este documento recoge datos escalofriantes de las prácticas que se llevan a cabo con la personas de la población Lgbtiq+.

En él se evidencia la existencia de centros de ese tipo, pese a que la mayoría de legislaciones del mundo lo prohíbe. El informe describe al menos siete tipos de supuestas «terapias», con testimonios reales de la época actual e incluye violaciones y muertes a lo largo del mundo.

Internamiento forzado

Para el activista Manzano, el control de las clínicas clandestinas todavía es una deuda pendiente del Estado ecuatoriano con la población Lgbtiq+. En su experiencia, también es necesario trabajar con la comunidad en general, ya que todavía se sostienen prácticas discriminatorias.

Manzano detalla que las supuestas técnicas que se aplican para ‘curar’ la homosexualidad van desde electrochoques hasta violaciones ‘correctivas’. A eso se suma el uso indiscriminado de fármacos psiquiátricos sin prescripción ni seguimiento.

En 2015, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU manifestó su inquietud respecto a la extensión de prácticas de conversión sexual en el país. El informe detalla que “en el Ecuador han suscitado preocupación las clínicas de rehabilitación en las que se interna por la fuerza a jóvenes lesbianas y transgénero con la complicidad de sus familiares y se las somete a tortura, incluido el abuso sexual”.

A Diálogo Diverso han llegado casos de personas que han tenido que salir del país por encontrarse en riesgo en estos casos. Incluso, Manzano dice que ya se habla de amenazas de grupos armados que operarían detrás de los «centros de tortura» como los califica.

«Ecuador, lastimosa y vergonzosamente, sigue siendo uno de los países que tiene clínicas, mal llamadas, de ‘deshomosexualización'», denuncia Manzano. Pero dice que ya existe acercamiento con las autoridades para, a través de una mesa de trabajo liderada por la Secretaría de Derechos Humanos, elaborar una hoja de ruta para actuar en esos casos.

En Ecuador, la primera y única investigación sobre condiciones de vida, inclusión social y Derechos Humanos de la población Lgbtiq+ es de 2013 y corresponde al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Los resultados ya eran impactantes: siete de cada 10 entrevistados habían vivido alguna experiencia de discriminación en su entorno familiar.

De estos, el 72,1% sufrió algún tipo de experiencia de control por parte de sus familiares. El 74,1% vivió algún tipo de imposición sobre sus actos, el 65,9% sufrió rechazo y el 61,4%, violencia.

Situación internacional

De acuerdo con Ilga, 62 países del mundo castigan la homosexualidad a través de la ley. Dos la criminalizan de facto, es decir que lo hacen sin sustento jurídico y por lo tanto sin consecuencias legales, y 129 no lo hacen.

Las revelaciones demuestran que se vulneran derechos fundamentales. Hay condenas privativas de libertad e incluso sentencias que contemplan la pena de muerte. Aunque la cifra sí ha disminuido y las condiciones han mejorado en muchos lugares, los colectivos Lgbtiq+ insisten en que hay mucho por hacer.

En América del Sur, los países retiraron de sus cuerpos legales el castigo de los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo; el único que mantiene un régimen de sanción es Guyana. En este territorio se aplica la pena de muerte.

En cuatro países latinoamericanos, Ecuador, Bolivia, México y Cuba, existe la protección constitucional contra la discriminación por la orientación sexual. Esto se enmarca en los principios básicos contemplados por organismos de Derechos Humanos y Naciones Unidas; aunque en la práctica, los actos de odio y discriminación continúan.

Ilga promueve una campaña en la que se difunde una caja de herramientas para combatir a las mal llamadas terapias de conversión. Están disponibles en la web y cuentan con detalles de legislaciones internacionales y recomendaciones para los grupos de apoyo.

En Europa ningún país criminaliza la homosexualidad o las relaciones privadas entre adultos del mismo sexo.

Persecución y cambios

Las personas trans son las más visibles frente a la sociedad y son las más violentadas en la población Lgbtiq+, especialmente las transfemeninas. Las trabas que enfrentan durante su transición son reiteradas en Ecuador.

El proceso de Sarah Flores, mujer transgénero y activista, fue complicado por los prejuicios de la sociedad en Ecuador. Cuenta que desde la infancia se encerraba para usar la ropa y juguetes que la identificaban.

A diferencia del común rechazo, su familia aceptó y apoyó la decisión de la joven. Casi cuatro años después de despenalizada la homosexualidad, ella salió del país para cumplir con su sueño: ser libre.

Una vez empoderada de su nueva imagen, la que iba acorde a cómo se sentía, volvió a Quito. Desde entonces se ha dedicado a trabajar por los derechos de sus compañeros Lgbtiq+.

En su trinchera ha recibido insultos, discriminación y un sinfín de ataques, pero se siente satisfecha de saber que «no somos una minoría». Para ella hay días buenos y malos, pero cuenta con su familia y amigos en quienes apoyarse.

«Tu quieres mostrarte tal y como eres. Tanto para amar a quien tú decidas o expresarte y construirte como tú te percibes», dice Sarah. Por ello, destaca la importancia del Mes del Orgullo en todo el mundo.

A sus 45 años, ella recuerda cómo la Policía agredía a sus compañeras trans en las calles. Eso le orilló a vivir su infancia y adolescencia encerrada en casa. Sin embargo, destaca que desde entonces las activistas están unidas y tejen redes de apoyo. Eso las sostiene cuando, incluso, la familia y los amigos les dan la espalda.

Es así como se constituyó la Asociación de Gays, Travestis y Transgéneros Coccinelle. Las personas transgénero que lo conformaban fueron parte vital en la lucha por la despenalización de la homosexualidad en Ecuador.

Varias fueron víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos en el Gobierno de León Febres Cordero. Por ello, en 2019 interpusieron una demanda contra el Estado por crimines de lesa humanidad. Nebraska Montenegro, presidenta del colectivo Nueva Coccinelle, enfatiza que muchas de las fundadoras han muerto sin recibir reparación.

En Ecuador aún se intenta ‘curar’ a personas Lgbtiq+. Sarah Flores no asimila que algo así todavía pase, después de tantos años de lucha. «No estamos enfermos, simplemente amamos de otra forma».

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