El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, insistió, este lunes 4 de diciembre del 2023, en la falta de presupuesto para la ejecución de proyectos. Sus declaraciones las realizó en un evento para presentar un informe sobre la situación del sistema de justicia en Ecuador.
La convocatoria, que se realizó en la Universidad Indoamérica, se centró en felicitar la acción de protección que presentó el presidente de la Judicatura y que ordenó el pago de 256 millones de dólares a favor del organismo.
Además, Terán aprovechó para responder a las críticas del proceso que designó a los jueces de la Corte Nacional de Justicia y que ha sido cuestionado por una supuesta falta de transparencia. No obstante, el presidente del organismo dijo que se trata de un intento de desprestigiar al sistema de justicia.
Ante los medios aseguró que existe un campaña de desinformación del proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia y ratificó que el concurso goza de transparencia, pues «hace más de seis años no se ha convocado a un concurso de jueces».
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La acción de protección se resolverá este martes, 5 de diciembre del 2023, por el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha en contra del concurso para designar jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y con la decisión se podría paralizar el concurso.
No obstante, el evento tenía el objetivo de exponer el informe técnico sobre la situación del sistema de justicia, realizado por la Red Americana de Derechos Humanos (RADH), frente a estudiantes de derecho. Pero los expositores insistieron en ovacionar la acción de protección con la que el presidente Terán espera la designación de 256 millones de dólares a la Judicatura y que tiene sentencia en segunda instancia.
«Yo tengo un buen augurio para el nuevo Gobierno. Estoy seguro que a través del diálogo, cosa que no hubo con el anterior gobierno pese a las insistencias, podremos llegar a los métodos de satisfacción y de solución«, afirmó,
Además, dijo que se necesitan 61 millones para sostener y dar abasto a la carga procesal del Ecuador, pues actualmente existen 352 partidas desfinanciadas, 598 servidores que esperan su jubilación y hay una carencia de infraestructura, que bordea los ocho millones de dólares.