Opositores a la minería en Azuay ratifican su rechazo a proyecto canadiense en Kimsacocha

La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay (FOA) reiteró este viernes 12 de septiembre del 2025 que no darán paso a ningún proyecto minero en Quimsacocha. "Kimsacocha no se toca", escribieron en un comunicado.

En los páramos de Quimsacocha, la empresa canadiende Dundee Precious Metals (DPM) pretende desarrollar un proyecto minero, y rechazaron que el presidente Daniel Noboa, traslade la responsabilidad del caso a los gobiernos locales.

La FOA ratificó su posición luego de que el presidente Daniel Noboa afirmase en una entrevista radial que ve una "altísima" probabilidad de que no se ejecute el proyecto minero canadiense conocido como Loma Larga. Aunque advirtió que ello puede acarrear problemas futuros.

Noboa recordó que el Ministerio de Ambiente y Energía solicitó tanto al Municipio de Cuenca como a la Prefectura de Azuay que aporten toda la documentación, informes y estudios sobre los problemas medioambientales que consideran que podría provocar el proyecto.

"Sustenten y responsabilícense por los informes, y se tira abajo el proyecto, así de sencillo, se tira abajo el proyecto. Nosotros no nos vamos a poner de lado de la posible contaminación", recalcó el gobernante.

Consultado si hay una alta probabilidad de que no se de el proyecto, Noboa respondió tajante: "altísima, pero también existe la probabilidad de que haya problemas a futuro".

"Yo no voy a seguir con este proyecto, es más, por eso está el comunicado oficial" para que tanto el Municipio y la Prefectura se hagan cargo de proporcionar los informes y sustentarlos en caso de que el asunto llegue a cortes internacionales, insistió.

FOA responde al presidente

"Señor Noboa, no aceptamos chantajes: Cuenca ya decidió Kimsakocha no se toca", respondió la FOA en un comunicado. En el documento se recuerda que 

en 2022 la Corte de Justicia del Azuay ordenó suspender las actividades mineras en Kimsakocha, hasta que la empresa cumpla con cuatro reparaciones, entre ellas la consulta previa libre e informada en la comunidad de Escaleras. Esta sentencia fue ratificada en 2023, "consolidando una victoria judicial", dijo.

Además, en 2024 la Corte Constitucional no admitió la apelación interpuesta por DPM y ratificó la constitucionalidad de la consulta popular de Girón, donde el pueblo se expresó claramente en contra de la minería. La FOA recordó que "se han ganado dos procesos en la justicia ordinaria y dos procesos en la justicia constitucional".

Han sido los distintos gobiernos de turno, desde 1994 hasta la actualidad, quienes han promovido y auspiciado la minería en un territorio donde esta actividad "jamás ha sido ni será compatible con la vida, el agua y los páramos de Kimsakocha". 

La organización también indicó que "pretender cargar esta responsabilidad a municipios y prefecturas es un acto de manipulación política y de evasión de la verdadera responsabilidad estatal".

La FOA apuntó que si Noboa realmente no quiere continuar con este proyecto, debe demostrarlo con hechos inmediatos, entre otros, separar de sus funciones a las ministras de Ambiente y Minas, "responsables de avalar la minería en Kimsakocha, de legitimar una consulta fraudulenta en Escaleras y de entregar una licencia ambiental irregular" a DPM, empresa minera transnacional operadora del proyecto Loma Larga.

Lloret asegura que no dejarán de defender el agua

La tarde de este viernes también se pronunció el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret. Respecto al pedido del presidente Noboa indicó que, de acuerdo con la Constitución, es competencia del Gobierno Central tomar las decisiones frente a actos administrativos emitidos. En este caso a la licencia ambiental que entregó el Ministerio del Ambiente al proyecto minero Loma Larga. 

"Sin embargo, debo decirle al pueblo azuayo que este prefecto y esta Prefectura no sacará el cuerpo frente a la defensa legítima del agua, de la vida y de nuestros páramos", dijo desde su despacho el prefecto.

 Lloret añadió que incluso antes del comunicado del Gobierno Nacional ya había remitido informes técnicos "que dan cuenta del peligro que significa la explotación minera en Quimsacocha".