El ABC del caso Triple A que involucra a Aquiles Álvarez y este sábado reinstala audiencia

El caso Triple A involucra al alcalde de Guayaquil (por la RC) Aquile Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez y a una empresa familiar donde Fiscalía investiga una red que habría causado un perjuicio al Estado de USD 61.5 millones, correspondiente a 2.27 millones de galones de diésel y gasolina.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía General del Estado el 23 de julio de 2024.

La causa fiscal basó sus alegatos en el almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.

Los indicios del caso

Las primeras diligencias de la Fiscalía iniciaron el 23 de julio, con allanamientos simultáneos en las ciudades de Guayaquil y Milagros, provincia del Guayas. 

"Entre los indicios levantados en los allanamientos simultáneos que se ejecutan en la provincia de Guayas, se incluyen computadores, documentos, facturas y dispositivos electrónicos", informó el Ministerio Público tras la ejecución de los operativos.

Los procedimientos iniciaron tras la denuncia que presentó la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH)    junto al Gobierno del presidente Daniel Noboa, a quien el alcalde de Guayaquil acusó inicialmente de estar detrás de todo, pues dijo meses atrás ser «el único en el país» que «se le planta».

Esta Agencia reportó irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados por el Estado, lo que le habría causado un perjuicio, al supuestamente haber sido comercializados en países vecinos a un valor acorde al mercado internacional, sin subvenciones estatales.

Un logo que causó revuelo

El Ministerio Público graficó el caso con un logo que causó polémica entre el Alcalde de Guayaquil y el movimiento político Revolución Ciudadana. 

El isologo contiene elementos que hicieron referencia a la empresa familiar de los hermanos Álvarez, a la bandera de Guayaquil y parte del logotipo de la Revolución Ciudadana, movimiento que impulsó la candidatura de Aquiles Alvarez al 'Sillón de Olmedo'.

El logo está conformado de tres 'A', una de ellas en forma de una plataforma petrolera y las otras dos con el patrón de la bandera de Guayaquil. Sobre la 'A' central (en forma de fuente petrolera) reposa un especia de llama exactamente igual a la usada por la Revolución Ciudadana (RC5)

Confrontación entre Álvarez y Noboa

La tensa relación entre el presidente, Daniel Noboa, y el alcalde Aquiles Álvarez se acrecentó con el llamado a juicio en el caso Triple A.

Las acusaciones planteadas en la denuncia del Gobierno se centraron en dos empresas: Fuelcorp S.A. y Gasolineras Copedesa Gasgrupco, cuyos accionistas son el alcalde guayaquileño y sus hermanos Antonio y Xavier.

En 2021, Copedesa fue calificada de forma oficial como comercializadora y comenzó a expandir su red de estaciones de servicio bajo su propia marca.

Según la denuncia, se argumentó que los volúmenes de combustible despachados por Petroecuador no tienen relación con la facturación electrónica de varias estaciones de servicio. 

Álvarez insistió en que “una comercializadora que tiene contrato con el Estado para comercializar le puede vender a su afiliada que es Fuelcorp, que es distribuidora.

Audiencia de instalación de juicio

La audiencia de juicio en el caso Triple A, que vincula al alcalde Álvarez, y a sus empresas de combustible, debe instalarse este sábado 31 de enero, desde las 08:30, en el Complejo Judicial Norte de Quito.

La diligencia se instalará luego de seis meses del llamado a juicio y una serie de audiencias dilatadas por la falta de presentación de abogados de las partes acusadas.

Este sábado 31 de enero la Justicia dispuso la presencia de defensores públicos para los procesados a fin de evitar dilaciones.

Desde la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos se indicó que llegan a la audiencia con al menos 185 pruebas para buscar una sentencia condenatoria en el caso Triple A.

Por su parte, desde la defensa del alcalde Álvarez se alegará que “no existen pruebas” del delito de comercialización ilegal de combustibles en las zonas fronterizas.