Fiscalía acusa al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y 21 personas más en el caso Triple A

La Fiscalía General acusó al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, como presunto autor del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos, dentro del caso Triple A. 

Junto a Álvarez, también fueron acusadas otras 15 personas y seis empresas. En total son 22 procesados.

La Fiscalía presentó el dictamen acusatorio contra los imputados en la audiencia preparatoria de juicio, que se reinstaló en el auditorio del Complejo Judicial Norte, en Quito, este sábado 14 de junio del 2025.

Durante la diligencia, el fiscal Carlos Alarcón detalló las evidencias encontradas durante la investigación para sustentar su acusación. Está previsto que la Fiscalía pida llamar a juicio a Aquiles Álvares y los otros procesados.

La acusación de Fiscalía se basa en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con penas de entre tres y cinco años de prisión el almacenamiento, transporte o comercialización ilegal de combustible en zonas fronterizas, puertos o mar territorial.

El juez de la causa deberá no solo decidir si el caso avanza a juicio, sino también revisar las medidas cautelares impuestas a los procesados. Por ejemplo, se analizará el pedido del alcalde Álvarez para que se retire la orden de usar grillete electrónico.

A las 18:21 de este sábado 14 de junio, el magistrado suspendió la audiencia preparatoria de juicio. Está previsto que se reinstale el viernes 20 de junio, a las 09:00, para que Fiscalía pueda seguir presentando su dictamen acusatorio.

• Aquiles Álvarez procesado en el caso Triple A

¿Qué se investiga en el caso Triple A?

En el caso Triple A, la Fiscalía procesó a 16 personas, entre ella a Aquiles Álvarez, y 6 empresas más por el presunto delito de almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos. 

La investigación se inició por una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Ahí se informó sobre una presunta distribución y comercialización de combustibles irregular. 

Según Fiscalía, esto provocaría un perjuicio al Estado ecuatoriano, por cuanto existirían diferencias considerables entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones y empresas.