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Jueces dudan antes de emitir una sentencia por miedo a represalias, según encuesta

El Observatorio Derechos y Justicia emitió informe en el que expone la dimensión del riesgo que enfrentan los funcionarios judiciales del país.

Jueces y fiscales han sido blancos de amenazas en Ecuador.

Tomado de El Nacional

Autor

Ana Rosero

Actualizada:

27 ene 2026 - 12:03

Tres de cada 10 funcionarios judiciales de Ecuador dudan antes de emitir sentencia por temor a represalias. Así lo señala un informe del Observatorio Derechos y Justicia que expone la dimensión del riesgo que enfrentan los operadores de justicia en Ecuador al enfrentar al crimen organizado.

El documento, publicado el 26 de enero de 2026, advierte que la inseguridad se ha convertido en un factor que condiciona el ejercicio de la Justicia e incluso amenaza a la independencia judicial.

El estudio se basó en una encuesta aplicada en 2025 a 149 operadores de justicia de 23 provincias. Ahí se determinó que el 27,89% de los funcionarios reconocieron haber dudado antes de emitir una decisión judicial, motivados por el temor a posibles represalias.

Los resultados también arrojaron que el 91,16% de los consultados aseguró sentirse constantemente preocupado por su seguridad personal debido a su trabajo.

Esta sensación de riesgo se extiende al entorno familiar, ya que el 69,39% señaló que sus parientes también viven con miedo por la labor que desempeñan.

Además, el informe señaló que 65,31% de funcionarios afirmó haber recibido amenazas de forma directa o a través de redes sociales. Aunque la mayoría no ha sido víctima de agresiones físicas, el informe alerta que un 6,7% sí ha sufrido ataques debido a sus funciones.

“La falta de protección para los operadores de justicia no solo representa un riesgo directo para su integridad y vida, sino que constituye una amenaza crítica para la independencia judicial y el Estado de Derecho en Ecuador”, señaló el informe del Observatorio.

Además, “esta vulnerabilidad facilita la consolidación de la impunidad en causas específicas y generar un efecto disuasivo en los demás funcionarios encargados de investigar, juzgar y sancionar a estructuras criminales”.