Prisión para cuatro vinculados en caso de 'call center' para extorsiones en Quito

Un juez de Ecuador ordenó este miércoles, 6 de agosto, el ingreso en prisión preventiva para cuatro personas adicionales vinculadas con la presunta red criminal que utilizaba un 'call center' ubicado en Quito para extorsionar a personas en Ecuador y México, según informó la Fiscalía General del Estado.

El caso se originó a finales de junio, cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron a 40 personas (39 fueron a prisión preventiva) en un allanamiento al centro de llamadas LKL CALL S.A.S, ubicado en el centro financiero de Quito. En el operativo se incautaron 55 computadores y 142 teléfonos móviles.

La investigación comenzó en 2024 cuando a la Fiscalía llegaron 256 denuncias sobre extorsiones virtuales. A los implicados, incluida la empresa como persona jurídica, se les investiga por un delito de delincuencia organizada.

• Resolución obliga a 'call center' a identificarse

Además de la prisión preventiva, el magistrado también ordenó a la Superintendencia de Compañías que proceda con la clausura provisional y la suspensión temporal de la empresa LKL CALL S.A.S.

También añadió otras medidas para los vinculados, como la prohibición de enajenar bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias.

Los cuatro vinculados naturales son Emily Daniela J. T., gerente de la empresa que huyó del país tras la notificación del Ministerio Público; Margarita Fernanda J. A., también gerente general que posee el 100% de las acciones de la empresa; Edwin Rodrigo M. T., el contador de la entidad, quien reconoció que la empresa facturaba mensualmente entre 5 000 y 67 000 dólares provenientes de cuentas de México y Ecuador; y Michael Edward M. Q, el técnico de sistemas.

Así era su 'modus operandi'

Los operadores del centro de llamadas, informó la Fiscalía, enviaban mensajes y correos con contenido violento y amenazante a víctimas en Ecuador y México, exigiéndoles dinero a cambio de no difundir ese material.

Para conseguir extorsionar a los usuarios, empleaban una plataforma digital que almacenaba información personal de las víctimas y fotografías, que luego eran utilizadas para hacer montajes con imágenes de contenido sexual explícito, las cuales también servían como medio de extorsión.

Desde sus módulos, equipados con computadores, los operadores hacían llamadas y enviaban mensajes con plantillas previamente diseñadas, donde amenazaban a las víctimas con difundir los montajes en redes sociales si se negaban a depositar altas sumas de dinero. También enviaban fotos y videos de personas siendo desmembradas.

Cada operador recibía bonificaciones adicionales si superaban los 1 200 dólares recaudados mensualmente. Se identificó también que la empresa ofrecía créditos sin autorización legal y, posteriormente, extorsionaba a quienes accedían a estos préstamos.