¿Por qué se implementó un plan de seguridad en la Función Judicial? Estas son las razones

El Consejo de la Judicatura aprobó el Plan de Seguridad Integral de la Función Judicial, el 6 de agosto de 2026. 

La medida busca fortalecer la protección de los funcionarios, usuarios e infraestructura judicial frente a los riesgos asociados principalmente con la delincuencia organizada.

Para elaborar el plan se tomó como referencia un diagnóstico sobre la situación de seguridad de la Función Judicial, emitido el 17 de mayo de 2026, que evidenció varias brechas en la protección de las dependencias y servidores judiciales.

Las cifras que alertaron a la Judicatura

El diagnóstico identificó que:

• 184 dependencias judiciales cuentan con seguridad.
• 116 dependencias no tienen seguridad.
• 127 servidores judiciales han reportado amenazas.
• 23 servidores judiciales han sido víctimas de violencia.
• 58 funcionarios cuentan con seguridad individual.

A estos datos se suman incidentes registrados entre enero de 2024 y mayo de 2026. Según la Dirección Nacional Administrativa, durante ese período se contabilizaron: 

• 3 ataques contra infraestructuras judiciales
• 11 atentados personales 
• 142 falsas alarmas de bomba.

Por ejemplo, un funcionario de la Fiscalía de Salinas fue asesinado cuando llegaba a su oficina la mañana de este lunes 17 de agosto de 2026.

El secretario de la unidad de Delitos Acuáticos de la Fiscalía de Salinas fue asesinado al pie del edificio, en la provincia de Santa Elena.

La Judicatura sostiene que actualmente enfrenta amenazas de organizaciones de delincuencia organizada con capacidades tácticas, económicas y tecnológicas superiores a las herramientas con las que cuenta la institución.

"La delincuencia organizada posee capacidades tácticas, económicas y tecnológicas superiores, mientras que el modelo de seguridad institucional se mantiene reactivo", señala la Judicatura.

"La brecha en infraestructura avanzada y la falta de actualización de los sistemas electrónicos, incrementan los factores de riesgo y la vulnerabilidad en las dependencias a nivel nacional", añadió esa institución.

El diagnóstico identifica a Guayas, El Oro, Santa Elena, Pichincha, Los Ríos, Manabí, Sucumbíos y Santo Domingo de los Tsáchilas como las provincias que presentan mayores niveles de inseguridad.

Sin embargo, la Judicatura advierte que no se debe descartar la posibilidad de que ocurran hechos que comprometan la seguridad de servidores, usuarios o instalaciones en otras provincias del país.

¿Qué contempla el nuevo plan?

El documento establece varias medidas para mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante situaciones de riesgo en la Función Judicial.

El plan establece lo siguiente:

• Un procedimiento para atender y dar seguimiento a las solicitudes de seguridad de los funcionarios judiciales.
• Un instructivo de protección individual.
• Una guía técnica para aplicar teletrabajo en situaciones de riesgo.
• Un protocolo de primeros auxilios psicológicos.
• Un programa nacional de capacitación en autocuidado y prevención.

Además, según la Judicatura, el plan busca fortalecer la coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el ECU 911 para mejorar la respuesta institucional ante amenazas.