¿En qué consiste el plan de seguridad para jueces, que fue aprobado por la Judicatura?

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó, el viernes 6 de agosto de 2026, el Plan de Seguridad Integral de la Función Judicial. 

Esta herramienta establece acciones para resguardar a jueces y demás servidores judiciales frente a las amenazas del crimen organizado

"La finalidad es la protección de jueces y demás funcionarios judiciales frente a amenazas derivadas del crimen organizado y otros riesgos que enfrenta la administración de justicia", señaló la entidad

¿En qué consiste el plan?

El plan establece lo siguiente:

• Un procedimiento para atender y dar seguimiento a las solicitudes de seguridad de los funcionarios judiciales.
• Un instructivo de protección individual.
• Una guía técnica para aplicar teletrabajo en situaciones de riesgo.
• Un protocolo de primeros auxilios psicológicos.
• Un programa nacional de capacitación en autocuidado y prevención.

Además, según la Judicatura, el plan busca fortalecer la coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el ECU 911 para mejorar la respuesta institucional ante amenazas.

Como parte de la resolución, la Dirección General de la Judicatura deberá aprobar el procedimiento interno de atención y seguimiento de solicitudes de seguridad para funcionarios. Además, la Escuela de la Función Judicial ejecutará el programa de capacitación en todo el país.

Mientras que la Dirección Nacional de Planificación "realizará el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de los indicadores previstos en el Plan, con el fin de que su aplicación sea efectiva y las medidas de protección respondan oportunamente ante los riesgos que enfrentan los servidores", indicó el CJ.

• Atentado con explosivo en la Unidad Judicial de Machala

El Plan de Seguridad fue adoptado a partir de un diagnóstico nacional que identificó, por ejemplo, que 127 servidores judiciales han recibido amenazas y 23 fueron víctimas de hechos de violencia.

Por ejemplo, un artefacto explosivo fue desactivado por la Policía en el Complejo Judicial Norte de Quito, la mañana del 25 de junio de 2026.

El procedimiento policial se realizó tras una amenaza de bomba detectada en los exteriores de la entidad judicial, aproximadamente a las 8:00.