ADN presentó reformas al COIP para que delitos como delincuencia organizada no prescriban
La bancada oficialista, ADN, entregó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para endurecer sanciones a ciertos delitos en Ecuador.

La asambleísta Diana Jácome presentó un Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al COIP para combatir delitos como delincuencia organizada.
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Actualizada:
15 dic 2025 - 14:20
La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) presentó este lunes 15 de diciembre del 2025 un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). El objetivo es que delitos como delincuencia organizada o terrorismo no prescriban en la normativa ecuatoriana.
La legisladora Diana Jácome, fue la encargada de presentar el proyecto en la Asamblea. El texto propone reformar el numeral 4 del artículo 16 del COIP para incluir los delitos de terrorismo y delincuencia organizada.
Se propone que el texto diga: “También son imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena, los delitos de terrorismo y su financiación y de delincuencia organizada, cuando esta tenga como propósito cometer los delitos de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, terrorismo, actividad ilícita de recursos mineros, sicariato, secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, pornografía infantil, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas o lavado de activos”.
Según Jácome, es necesario evitar que las personas que cometen delitos de delincuencia organizada o terrorismo puedan salir del país para evadir las sanciones. “Si regresan, serán detenidos; y si se esconden, serán perseguidos internacionalmente”, dijo Jácome.
Según el razonamiento de la bancada, la reforma producirá impactos determinantes tanto en la política criminal como en la protección de derechos fundamentales.
Segú dijo, permitirá investigaciones más completas, reducirá las oportunidades para que líderes y miembros de organizaciones criminales evadan la acción de la justicia por el simple transcurso del tiempo y reforzará la capacidad sancionadora del Estado frente a delitos que socavan su institucionalidad.
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