Asamblea aprueba Ley que endurece las sanciones por trata de personas en Ecuador

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, con los votos de los 144 legisladores presentes, el proyecto de ley que reforma la Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

La propuesta normativa busca actualizar de el marco legal ecuatoriano y fortalecer "la protección de los derechos humanos, la prevención y erradicación de la explotación, la persecución de las economías criminales", indicó la Asamblea.

La ponente del proyecto y presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, Lucía Jaramillo, señaló que “esta ley constituye una respuesta oportuna, meritoria y pertinente frente a una de las formas más graves de vulneración de la dignidad humana que enfrenta el Ecuador”.

Claves de la nueva Ley

Uno de los principales cambios está relacionado con las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata. La reforma elimina la necesidad de demostrar que existieron amenazas, fuerza o engaño para configurar ese delito cuando la víctima sea menor de edad.

Además, el proyecto incorpora nuevas formas de explotación al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Entre ellas están el matrimonio forzoso, la unión de hecho forzada y la servidumbre de la gleba.

La reforma busca adecuar la legislación ecuatoriana a estándares internacionales de derechos humanos y cumplir con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia relacionada con el caso Furukawa.

Además, se incluyen mecanismos de prevención y canales para realizar denuncias anónimas, especialmente frente a la captación de víctimas a través de internet, redes sociales y otros espacios digitales.

La nueva normativa establece que las víctimas deberán recibir protección integral, atención médica y asistencia legal inmediata, sin que estos servicios dependan de su participación o colaboración en un proceso penal.

La reforma también incrementa las penas establecidas para el delito de trata de personas. Hasta 35 años de prisión por el delito de trata de personas. El COIP vigente establece penas de entre 13 y 26 años para este delito.

Las nuevas sanciones contemplan:

• 19 a 22 años de prisión para el tipo básico agravado.
• 22 a 26 años cuando la víctima pertenezca a un grupo de atención prioritaria o exista una relación de dependencia.
• 26 a 30 años si la víctima sufre daños graves o irreversibles.
• 30 a 35 años cuando como consecuencia de la trata se produzca la muerte de la víctima.

Fiscalía podrá rastrear bienes vinculados al delito

La reforma también incorpora herramientas para seguir el dinero generado por las redes de trata y el crimen organizado.

"La Fiscalía General y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) podrá realizar investigaciones financieras y patrimoniales paralelas para rastrear e inmovilizar activos ilícitos vinculados al crimen organizado".