Asamblea: Comisión aprueba informe para segundo debate de ley de Transparencia Social
La propuesta remitida por Daniel Noboa tiene como objetivo promover la transparencia en las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro.

La sesión de la Comisión de Desarrollo Económico se desarrolló este sábado 23 de agosto del 2025.
Tomado de la Asamblea Nacional
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Actualizada:
23 ago 2025 - 23:20
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó este sábado 23 de agosto de 2025 el informe para segundo debate en el pleno legislativo de la Ley de Transparencia Social también conocida como Ley de Fundaciones de iniciativa económica urgente enviada por Daniel Noboa.
La aprobación contó con siete votos a favor la ley que tiene como uno de sus objetivos controlar la operación y el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones en territorio nacional.
Al inicio de la sesión, la presidenta de la mesa legislativa, la legisladora Valentina Centeno, recalcó la importancia del proyecto de ley e indicó que se recogieron varios de los aportes del primer debate de la también denominada Ley de Fundaciones.
Centeno añadió que en el documento para segundo debate se agregó la no distribución de dividendos aplicándose una retención del 0 al 2.5% para que el fisco renga mayor previsibilidad y poder recaudar.
Antes de que el informe sea aprobado, la mesa acogió una recomendación del asambleísta Alex Morán enfocada a que se aproveche el marco legal para "acelerar el proceso de liquidación de las empresas públicas porque representan un abandono y pérdida de recursos"
El proyecto, en su artículo 7, propone criterios de calificación para garantizar la adecuada aplicación de los mecanismos de control que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria aplicará sobre las organizaciones que operen en el Ecuador, según su nivel de riesgo.
Para su clasificación, el ente rector aplicará criterios como; volumen de recursos administrados; origen de los fondos nacionales o internacionales, públicos o privados; alcance territorial de sus intervenciones; resultado de evaluaciones de riesgo nacional, sectorial o institucional, entre otros.
También, la presidenta de la comisión destacó la inclusión de la Disposición General Primera, en la que, según informó, se prohíbe taxativamente la persecución política a las organizaciones sociales sin fines de lucro. “Ese no es el objetivo, ni el propósito, ni el espíritu de la ley, lo es la transparencia y el control de flujos irregulares de recursos”.
La disposición en mención hace referencia a que ninguna medida de control, supervisión o intervención que ejerzan las entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales.
Una vez concluida la sesión, la legisladora Centeno dispuso el envío del informe al Presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, con la finalidad de socializarlo con los 151 legisladores previo a su debate en el Salón Plenario de la Asamblea Nacional.
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