Contraloría amplía el plazo para que funcionarios presenten su declaración patrimonial
La disposición aplica a funcionarios del nivel jerárquico superior. El plazo se extendió hasta el 15 de septiembre del 2025.

La Contraloría General del Estado es la encargada de revisar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
Archivo API
Compartir
Actualizada:
30 ago 2025 - 18:31
La Contraloría General del Estado (CGE) anunció este sábado 30 de agosto del 2025 que los servidores públicos considerados "personas expuestas políticamente" (PEP) tendrán un nuevo plazo para presentar sus declaraciones patrimoniales juradas.
La fecha límite se extendió hasta el 15 de septiembre de 2025, según informó el organismo de control a través de su cuenta de X.
La disposición aplica a funcionarios cuya remuneración corresponde a los grados del 5 al 10 de la escala mensual unificada del nivel jerárquico superior. El trámite debe realizarse de manera electrónica y gratuita a través de la página web institucional: www.contraloria.gob.ec.
Marco legal y obligatoriedad
La medida se enmarca en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, que establece la obligatoriedad de este registro como parte de los mecanismos de transparencia y control en el sector público.
El contralor general, Mauricio Torres, expidió el Acuerdo No. 031-CG-2025, en el cual se detalla el “Reglamento para la declaración, presentación y registro de las declaraciones patrimoniales juradas”.
Dicho reglamento regula la entrega electrónica de esta información y garantiza que el proceso quede registrado en la Constancia Electrónica de Otorgamiento de la Declaración. Responsabilidad institucional
La Contraloría recalcó que las unidades de administración de talento humano de cada institución pública serán las encargadas de notificar a los funcionarios obligados a cumplir con este requisito. El registro deberá realizarse tanto al inicio, como de manera periódica y al término de la gestión, según corresponda.
Con esta prórroga, la CGE busca facilitar el cumplimiento de los servidores públicos y reforzar los mecanismos de transparencia y prevención de riesgos asociados al lavado de activos y corrupción en el país.
Compartir