Corte Constitucional rechaza solicitud de Noboa y aplaza audiencia por Ley de Integridad
La Corte Constitucional rechazó el pedido que hiciera el Gobierno de mantener la fecha de audiencia y hacerla de forma presencial.
Fuerte resguardo militar y policial en la marcha anunciada por el presidente Daniel Noboa en protesta contra la suspensión provisional de artículos clave de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo.
API / HENRY LAPO
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Actualizada:
15 ago 2025 - 23:03
La audiencia por demandas contra la Ley de Integridad Pública estaba prevista para el lunes a las 10:00; el juez que lleva la causa decidió aplazar la diligencia una semana.
José Luis Terán, juez de la Corte Constitucional del Ecuador anunció este viernes 15 de agosto que la audiencia prevista para el lunes 18, se traslada al miércoles 27 de agosto del 2025 de manera telemática.
Con esta decisión la Corte Constitucional rechazó el pedido que hiciera el gobierno de Daniel Noboa de mantener la fecha de audiencia y hacerla de forma presencial.
El juez Terán señaló en su notificación que en la diligencia "podrán participar los accionantes de las distinta causas que se acumulen hasta la fecha".
La Asamblea Nacional pidió el miércoles 13 de agosto a la Corte Constitucional el diferimiento de la audiencia en la que buscará defender la constitucionalidad de la Ley de Integridad Pública; bajo este pedido el juez de la Corte Constitucional basó su notificación.
Más temprano, el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, también había pedido a la Corte Constitucional que difiera la diligencia para preparar su defensa, sin embargo un día después retiró su solicitud.
La Corte Constitucional anunció la semana pasada su decisión de suspender de manera provisional los artículos y efectos de las polémicas leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública, recientemente aprobadas por el Legislativo, controlado por el oficialismo.
Para Noboa, estas normas son cruciales para frenar la crisis de seguridad y violencia que atraviesa el país andino, pero han sido ampliamente rechazadas por organizaciones sociales, sindicatos y defensores de los derechos humanos.
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