Adulto mayor reportado como desaparecido aparece en centro de rehabilitación clandestino

Un centro de rehabilitación clandestino fue clausurado este lunes 8 de septiembre del 2025 en Quito. Las autoridades hallaron en el lugar a un adulto mayor que fue reportado como desaparecido desde el 29 de agosto de este año.

El supuesto centro de rehabilitación operaba en el sector de La Ferroviaria, en el sur de la capital, sin contar con los permisos de funcionamiento y en condiciones de insalubridad, detalló la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

Durante la intervención, realizada junto con la Policía Nacional, se encontró al adulto mayor. El hombre contó que mientras caminaba en estado etílico por el Centro Histórico de la capital, perdió la conciencia y, al despertar, se encontraba encerrado en contra de su voluntad dentro de esta supuesta clínica de rehabilitación.

Daniela Chalacán, instructora de la AMC, señaló que “la administradora del lugar exigía a los internos que salieran a trabajar, no se conoce específicamente en qué, y que consiguieran dinero para brindarles hospedaje y alimentación”.

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Según la funcionaria, una parte de los 35 internos confesaron haber sufrido maltratos y que el sitio mantenía condiciones de insalubridad. Familiares de la persona reportada como desaparecida, así como de otros internos, acudieron para retirarlos del lugar.

Algunos manifestaron que pagaban 100 dólares mensuales por la permanencia de sus allegados, mientras que otros aseguraron desconocer que estos se encontraban retenidos en el lugar.

Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC, informó que el responsable del centro será sancionado por operar como establecimiento de categoría II sin contar con los permisos municipales, con una multa de hasta ocho salarios básicos unificados (3 760 dólares).

“Las eventuales responsabilidades penales que pudiesen derivarse serán determinadas por las autoridades competentes”, puntualizó.

Hasta septiembre del 2025, en Quito se ha clausurado 12 centros de rehabilitación por diversas causas, entre ellas, la falta de permisos, riesgo para los internos y alertas de presuntas actividades ilícitas.