Gobierno afirma que Ecuador ahorra más de USD 4 millones al año con deportaciones de presos

La deportación en marcha desde Ecuador de 1 000 presos colombianos representa un ahorro de más de cuatro millones de dólares al año para el país, aseguró este jueves 31 de julio del 2025 el ministro del Interior, John Reimberg, en Teleamazonas. 

"Estamos cerca de llegar al número que habíamos mencionado de 1 000 colombianos. Esto significa que para el Ecuador es un ahorro muy por encima de los cuatro millones de dólares al año, que nos costaba a nosotros, como Gobierno, tener a estos colombianos aquí dentro del país", señaló el ministro en la entrevista.  

Hasta el momento se ha deportado a Colombia más de 800 de los 1 000 presos previstos. Esta cifra se estableció depués que el miércoles se entregara en la frontera a otros 200 presos, detalló Reimberg. 

Sobre el proceso de deportación, John Reimberg confirmó que el Gobierno colombiano puso "transporte para que puedan llevar a los presos a las diferentes ciudades a donde ellos pertenecen".

"Nosotros pusimos en un grupo militar y policial que todavía continúa en el sitio, trabajando en distintos puntos de la frontera, justamente para buscar dar la seguridad necesaria para que no puedan ingresar", señaló el titular del Ministerio del Interior.

Los presos deportados a Colombia tienen prohibido el ingreso a Ecuador por los próximos 40 años, según se establece en la Ley de Integridad Pública, impulsada por Noboa y aprobada por la Asamblea en junio del 2025.

Reimberg también adelantó que analizan la posibilidad de aplicar la misma medida con presos de otras nacionalidades. "Por ahora todavía no lo vamos a hacer público, pero sí tenemos pensado PPL (personas privadas de la libertad) de otras nacionalidades", dijo.

El Ministro del Interior recordó que en las cárceles de Ecuador debe haber, actualmente, 2 200 extranjeros, pero "no todos son deportables", pues la medida no aplica a "aquellos que tienen sentencia por delitos graves". 

Reclamo de Colombia

El pasado lunes, 28 de julio del 2025, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se reunió en Quito con representantes de la Embajada y Consulado de Colombia, en el marco del proceso de deportación de los mil presos colombianos, que inició el pasado viernes, y que Bogotá catalogó como "unilateral" e "inamistoso".

Al inicio de las deportaciones, la Cancillería colombiana expresó "su más enérgica protesta" contra Ecuador por comenzar "de manera unilateral" el proceso de entrega de los reos en la frontera.

Según Colombia, las autoridades ecuatorianas decidieron dar inicio a las deportaciones "sin que se hubiera diseñado el protocolo, impidiendo la plena identificación de los ciudadanos deportados, la verificación de su situación jurídica, e incumpliendo así las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas".

Pero el sábado, 26 de julio la Cancillería de Ecuador negó que estuviera realizando una "deportación colectiva" hacia Colombia. Aseguró que se estaba garantizando "el respeto al debido proceso mediante la emisión de resoluciones individuales debidamente motivadas y la correspondiente boleta de excarcelación emitida por la autoridad judicial especializada en la materia".

Asimismo, defendió que "comunicó oficialmente al Consulado de Colombia en Quito desde el 8 de julio sobre los procesos individuales de deportación en curso, en calidad de canal diplomático".

A diferencia de otras deportaciones de presos, que debían seguir cumpliendo su condena en Colombia, los presos expulsados por Ecuador quedan exonerados y recuperan la libertad al entrar en territorio colombiano si no cuentan con procesos pendientes en la Justicia de ese país, informó el viernes la policía colombiana en la frontera.

Las prisiones son uno de los epicentros de la escalada de violencia criminal que afecta a Ecuador y que lo ha llevado a situarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, algo que el presidente, Daniel Noboa, ha buscado contrarrestar al declarar al país bajo conflicto armado interno para enfrentar a las bandas criminales, a las que ha catalogado de "terroristas".

En ese contexto, el mandatario ordenó el año pasado la repatriación de presos extranjeros, que en ese momento eran unos 3 200, equivalentes al 10% de la población penitenciaria a nivel nacional, la gran mayoría de nacionalidades colombiana y venezolana.