Gobierno de Ecuador descartó este martes 27 de marzo de 2024 que haya usado armamento letal contra indígenas que protestan en Palo Quemado, Cotopaxi. Allí el Ejecutivo impulsa el desarrollo de la mina La Plata, concesionada a la minera canadiense Atico Mining.
La Gobernación de Cotopaxi afirmó en un comunicado que durante las operaciones desplegadas desde la semana pasada por militares y policías en Palo Quemado, no han hecho «uso de armamento de fuego letal ni perdigones, únicamente se ha usado material disuasivo (gas lacrimógeno)».
Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), más de 500 soldados y policías, con el apoyo de helicópteros y equipo militar se han instalado en la zona.
Allí el Ministerio de Ambiente intenta efectuar una polémica consulta ambiental para otorgar la licencia de explotación para la mina La Plata. Un proceso rechazado por colectivos antimineros, que la pasada semana tuvieron enfrentamientos con al menos diecisiete heridos, y que un juez ordenó suspender temporalmente.
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La Gobernación aseguró que los heridos son producto de la utilización de armas caseras usadas por los manifestantes contrarios al proyecto minero.
Según la representación del Ejecutivo, una persona resultó con heridas por la supuesta manipulación de fuegos pirotécnicos y otra sufrió cortes con un objeto cortopunzante.
También otra persona «presentó traumatismos múltiples en su cabeza y cuello por perdigones«. Fue trasladada a una casa de salud en la vecina provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Ni Fuerzas Armadas ni Policía «han usado perdigones o armas letales durante las labores de protección a la comunidad de Palo Quemado», remarcó la Gobernación.
Advertencia militar
De su lado, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, afirmó en torno al caso de la comunidad de Palo Quemado que la fuerza pública no tolerará «ningún acto que pretenda -bajo la fuerza o la intimidación- obligar a la sociedad a actuar en contra de su voluntad«. Esto en referencia a que, al parecer, hay personas que apoyan la minería en esa zona.
Vela también recordó que el país está sometido a un estado de excepción que limita el derecho de libertad de reunión, entre otras garantías. Y cuestionó que surja en Palo Quemado un grupo organizado que protesta y que, supuestamente, está «equipado con armas altamente peligrosas, bombas molotov, escudos metálicos y artefactos explosivos improvisados».
Este grupo, aparentemente, hirió a varios miembros de la fuerza pública y destruyó propiedad privada, agregó el jefe militar.
«Este ataque me obliga a recordar a la ciudadanía que un acto terrorista es aquel que tiene como objetivo causar la muerte o lesiones físicas contra cualquier persona o cuando el propósito es intimidar a una población», aseguró Vela.
Recordó que la población ecuatoriana expresó su respaldo a la fuerza pública en la lucha contra la violencia y el crimen organizado. Por lo que las bandas han sido calificadas por el Gobierno como «terroristas«.
«Desde el Gobierno Nacional se mantendrán las acciones necesarias para recuperar la paz en todos los sectores, con la consigna de que la violencia no tiene lugar en Ecuador», añadió el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Consultas suspendidas
La reacción del jefe militar se dio en un momento en que un juez de la zona de la protesta suspendió de forma cautelar las consultas ambientales que el Gobierno realiza para tramitar los permisos de desarrollo del proyecto minero.
El magistrado Darwin Paredes acogió la medida cautelar presentada por el alcalde de la localidad, Óscar Monge, y suspendió temporalmente el proceso de consultas.
Sobre el proceso minero en Palo Quemado, en noviembre pasado la Corte Constitucional declaró como «inconstitucional» el decreto que emitió el entonces mandatario del país, el conservador Guillermo Lasso, para llevar a cabo estas consultas, y estableció nuevos parámetros a seguir hasta que la Asamblea Nacional emita una ley al respecto.
La Corte incluso dio razón a la Conaie por invocar regulaciones internacionales sobre el procedimiento de «consulta previa, libre e informada» a las comunidades, en protección de sus territorios y culturas. (EFE)
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