Pablo Celi habla de ‘acoso’ por ocultamiento de su retrato en Contraloría

«Es una muestra más del acoso y persecución política que enfrento. Está destinada a inducir la desmemoria de mi gestión emblemática de la Contraloría». Con estas palabras el Pablo Celi reaccionó al ocultamiento de su retrato en la institución.

El excontralor, que permanece bajo arresto domiciliario por presunto cohecho por el caso Las Torres, calificó este acto simbólico como un «sainete populista» del actual contralor, Mauricio Torres, para colabora con «la persecución política«.

Con un comunicado, emitido el martes 21 de abril del 2024, Celi aseguró que durante su administración la Contraloría era un organismo «éticamente transparente y profesionalmente solvente«. Y aseveró que esta medida «responde al afán de encubrimiento del fraude procesal penal utilizado» para su «proscripción política«.

«El ensañamiento escandaloso contra mi imagen, no me incordia, por el contrario, devela la intención política de afirmar una culpabilidad sin fundamento. Utilizada para alejarme de la Contraloría e impedir la continuidad de las acciones de control que impulsé, afectando los intereses que manejan la descomposición institucional que sufre el país», aseguró Celi.

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También, el funcionario acusó al contralor actual de acogerse a «las encomiendas punitivas» de la Fiscal General del Estado. También culpó a Diana Salar de «suscitar y ejecutar la toma de la Contraloría» con su prisión.

Finalmente, Celi señaló que los anuncios de transformaciones de la Contraloría no son suficientes para presumir un cambio de imagen institucional. Por el contrario, a su parecer «este tipo de acciones conducen a una distorsión de sus funciones legales, convirtiéndola en tribuna política para linchamientos mediáticos que, como en el infame caso Las Torres«.

«No es función del contralor validar propagandísticamente una sentencia no ejecutoriada, impugnada judicialmente, inducida por la Fiscal con una narrativa falsa y acomodada para su auto promoción política, que ha atropellado el derecho constitucional a la presunción de inocencia y el debido proceso en un juicio no concluido», concluyó.

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