En tres años las audiencias fallidas en el sistema judicial se incrementaron en un 40%.
Solo en 2021 la inversión del Estado ecuatoriano en estas audiencias supera los 25 millones de dólares.
Las audiencias fallidas tuvieron un costo de 25,8 millones de dólares.
En la Corte Nacional se realizan hasta 12 audiencias en materia penal.
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