Autoridades investigan dos presuntos casos de violación por parte de militares en servicio activo en Cuenca, provincia de Azuay. Las agresiones sexuales habrían ocurrido en fechas diferentes y contra dos mujeres distintas. Los hechos han conmocionado a las Fuerzas Armadas.
Cuatro oficiales están siendo investigados por atentar, presuntamente, contra la integridad sexual de dos mujeres: una subteniente y una conscripto. Según las denuncias, el primer caso se dio el 11 de diciembre de 2022 al interior de un recinto militar. Mientras que el último caso habría ocurrido en marzo de 2023 en un hostal.
Lorena Terán, abogada de una las presuntas víctimas, dijo que «ellos [los presuntos agresores] tienen que ser procesados por el delito que cometieron». Terán aseguró que estos delitos sexuales no pueden quedar impunes.
Además, Daniel Carbo, abogado de la otra víctima, dijo que lo que quieren es que se «establezcan responsabilidades de estos militares que actuaron en contra de la integridad sexual de estas mujeres». Carbo mencionó además que incluso una de las víctimas dejó de seguir su carrera militar por presión de un oficial.
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Investigación
En el ámbito administrativo, que es el que maneja las Fuerzas Armadas, existe una resolución de un tribunal de disciplina de la tercera división de ejército Tarqui. John Miño, comandante de esta división, dijo que el tribunal no pudo determinar que los militares involucrados hayan cometido una falta atentatoria. Miño explicó que la resolución determinó que únicamente cumplieron una falta grave.
La decisión ha sido criticad por los abogados de las víctimas. La abogada de una de ellas, Lorena Terán, dijo que se debería haber desvinculado de la institución «a estos malos elementos. Pero esa no fue la resolución que se tomó, «se prefirió tratar de tapar estas conductas«, aseguró.
Emilio Solís, abogado de la tercera división del ejército Tarqui, dijo que «hay que separar lo administrativo disciplinario con lo penal». Solís explicó que ellos no pueden declarar inocente o culpable a un agresor «porque nosotros no conocemos el tipo de falta penal».
Sin embargo, en el ámbito penal, la investigación sí ha avanzado. Leonardo Amoroso, fiscal de Azuay, dijo que «se han dispuesto varias diligencias para el esclarecimiento de los hechos, tales como el reconocimiento medico-legal, pericia de entorno social, valoración psicológica, reconocimiento del lugar de los hechos y la versión de la presunta victima».
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