Juan Carlos Holguín renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores este sábado 1 de abril del 2023. Así lo confirmó el presidente de la República, Guillermo Lasso.
En un mensaje en su red social Twitter, el Primer Mandatario señaló: «destaco el trabajo realizado por el canciller Juan Carlos Holguín y lamento su renuncia. El lunes Gustavo Manrique será posesionado como responsable para asumir este cargo».
En su carta de renuncia, el ahora exministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, expuso que «ha ejecutado el mandato de servir al Ecuador» y lo hizo siempre en el marco de la justicia y el derecho buscando salvaguardar los más altos intereses del país.
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Sin embargo, por «motivos personales», presenta su renuncia al cargo. Y en su cuenta de Twitter, celebró la designación de Gustavo Manrique, quien se desempeñaba hasta ahora como ministro de Ambiente.
Juan Carlos Holguín se desempeñó como canciller de la República desde el 2 de enero del 2022 cuando Lasso lo nombró en el cargo tras haber sido uno de los colaboradores más cercanos. El Presidente antes le había confiado el cargo de Embajador Itinerante Ad Honorem de Ecuador para temas estratégicos, entre mayo y diciembre de 2021.
Holguín también participó como candidato a la alcaldía de Quito en las elecciones de 2019, por el movimiento CREO, donde solo alcanzó el 6% de la votación ciudadana.
Situación política compleja
La renuncia del canciller ocurre en un momento complejo para Lasso, contra quien la Asamblea Nacional ha iniciado un juicio político de censura bajo la acusación de peculado (malversación de fondos públicos), pero el gobernante se ha declarado inocente.
Lasso acusa a la oposición, encabezada por el correísmo (por el expresidente Rafael Correa), de inventarse pruebas contra él para «tomar por asalto el poder y debilitar y destruir la democracia».
También en un mensaje a la nación, el Presidente apuntó que la Corte Constitucional dejó fuera de la acusación el presunto delito de concusión por falta de pruebas y que los cargos por presunto peculado corresponden a unos contratos firmados en 2018 y renovados en 2020, antes de que él llegase a la Presidencia en mayo de 2021.
«Me acusan presuntamente de abusar de fondos públicos para beneficio propio cuando aún no era presidente de la República. ¿Qué tengo que ver con un contrato de 2018? Ni siquiera existe una investigación de la Fiscalía sobre ese tema», argumentó el mandatario.
«No he cometido delito alguno, mucho menos años antes de posesionarme (como presidente), y como no hay motivos para un juicio penal, se inventan este juicio político», puntualizó.
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