Un tribunal provincial de Ecuador negó este martes la demanda de acción de protección presentada por asociaciones civiles y víctimas de un derrame de crudo ocurrido en abril en la Amazonía ecuatoriana.
El juez de la Unidad Competente Penal, Jaime Oña Mayorga, «inadmitió» la demanda, que solicitaba la adopción de medidas cautelares para proteger a las víctimas del vertido, e indicó que a los afectados les asisten otras vías como la administrativa o la penal.
La vía no procede
«Ha dicho que esta vía no procede, por tanto, ha negado la demanda», expresó a Efe la abogada María Espinosa.
Ella lleva el caso en representación de Amazon Frontlines, miembro de la alianza de organizaciones demandantes.
La letrada lamentó que, en su dictámen, el juez «ha hecho un pronunciamiento nulo sobre los derechos constitucionales y humanos comprometidos».
Y avanzó que la resolución será apelada y que no se plantean recurrir a otras vías que no sean la constitucional o, llegado el caso, la internacional.
Análisis de la sentencia
En su análisis de la sentencia, que fue emitida en español y posteriormente traducida al kichwa, Espinosa consideró que faltó una visión que tuviera en cuenta la «pluriculturalidad» del suceso, que afectó las vidas de 27.000 personas, en su gran mayoría indígenas.
«A día de hoy siguen impactadas por un derrame de petróleo que pudo evitarse», opinó Espinosa y achacó una «falta de atención oportuna, inmediata y célere por parte de las compañías y del Estado».
Vías fluviales contaminadas
El vertido se remonta al pasado 7 de abril, cuando se produjo la rotura de tres conductos de dos oleoductos que van desde la Amazonía, en el oriente, hasta la costa ecuatoriana.
Como consecuencia de un corrimiento de tierra en una región altamente sísmica y erosionada entre las provincias de Orellana y Sucumbíos.
La demanda fue interpuesta contra las empresas operadoras del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
Además de los Ministerios de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Ambiente y Salud Pública y a la Procuraduría del Estado.
El argumento de las petroleras
Responsables de los oleoductos aseguraron que cerraron las tuberías tan pronto como supieron de su rotura, y que el combustible derramado es la cantidad remanente desde las válvulas.
También documentaron la entrega de agua y kits alimentarios a las poblaciones afectadas.
Asimismo, adujeron que el deslizamiento de tierra fue una situación de «causa mayor», si bien los demandantes alegaron que se trató de un hecho previsible.
Y que, en todo caso, el código ambiental obliga a la adopción de medidas tecnológicas por parte de petroleras para minimizar los riesgos y daños.
Indignación indígena por la demanda
Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas Unidas de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), calificó la sentencia de «una injusticia para todas las nacionalidades Kichwa de Orellana» y sus 43 comunas afectadas.
El dirigente aseguró a Efe que «no darán su brazo a torcer» y adelantó que seguirán las acciones legales necesarias.
Esto para que sus voces se «escuchen y respeten, sobre todo el derecho de las nacionalidades».
La sentencia, escuchada en una sala de la FCUNAE en la ciudad de Francisco de Orellana, donde acudieron representantes de diferentes nacionalidades y simpatizantes.
Jipa exigió al Estado ecuatoriano que «asuma toda esta responsabilidad» por el vertido y recordó que la comarca es estratégica para el país.
Y que ha sido uno de sus principales sustentos en 50 años de industria petrolera, donde hay «sinnúmero de pozos» dentro de las comunas.
La voz de los afectados
Gabina Coquinche, dirigente de Mujer y Familia en la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) ha sufrido en su propia comunidad, Marumesa, las consecuencias de la contaminación del río Napo.
«En el mes de abril vimos el río crecido y notamos el fuerte olor a más de veinte metros», asegura esta dirigente de una comunidad de unos 700 vecinos que aún recuerda las «tremendas manchas de petróleo» en la corriente.
Desde entonces, indica, los habitantes de las poblaciones ribereñas no pueden bañarse, ni pescar y los cultivos y el ganado también se han visto perjudicados.
En el vecino río Coca, principal afluente del Napo, se emplaza la comunidad de Toyuca, compuesta por cerca de un centenar de residentes.
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Con su hija de dos años en brazos, Freddy Grefa, señala, junto a la orilla del río, un pequeño remanso donde solía pescar peces como el bocachico, el perro o la mota, para ganarse la vida.
«Me tocó meterme a sacar el trasmallo y encontré el crudo, no sabía cómo sacarlo», rememora sobre aquel fatídico día.
Una vecina corrió peor suerte al perder siete cabezas de ganado que bajaban al río a beber.
EFE