Decenas de padres de familia y entrenadores denuncian la vulneración de derechos de jóvenes deportistas en un supuesto club de fútbol. Las victimas, que llegaron a Quito desde varias ciudades, pagaban una mensualidad pero vivían en condiciones deplorables.
Los jóvenes llegaron con el sueño de convertirse en futbolistas profesionales en grandes clubes del Ecuador. Sin embargo, su ilusión se vio truncada por engaños de un grupo de personas que promocionaban la formación en un supuesto equipo deportivo.
David Villagómez, entrenador del cantón Simón Bolívar, reveló que conocieron sobre el club a través de las redes sociales. Los encargados les habrían ofrecido una adecuada infraestructura, alimentación y entrenamientos e incluso les ofrecieron llevarles a las formativas de distintos clubes, pero nunca cumplieron.
Padres de familia y entrenadores de otras provincias acudieron al club porque sospechaban que algo no estaba bien. «Habían rumores de que los chicos estaban mal. No estaban recibiendo alimentaciones adecuadas», dice Villagómez.
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Agentes de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) y los ciudadanos encontraron camas en mal estado, falta de servicios básicos e insalubridad al ingresar al lugar. Según los testimonios, ellos pagaban una mensualidad de 100 dólares a 1 500 dólares.
«Venimos con la idea de debutar e ir a otros equipos mejores, como Liga de Quito, Católitca o Aucas, pero la realidad no es así. Nos daban solo almuerzo y merienda. Teníamos que ir sin desayuno a entrenar y los primeros días nos hicieron dormir en el piso», revela uno de los jóvenes.
Los menores de edad dicen que no informaron a sus padres por temor a ser castigados en este lugar. «Si hablábamos nos castigaban quitándonos las comidas o comodidades», afirmó otra de las víctimas de esta estafa. Además, para salir del club, que cuenta con dos sedes, debían cancelar 300 dólares.
El encargado del club al notar la presencia de los agentes y los medios de comunicación huyó del lugar. Ante ello, los ciudadanos manifestaron que iniciarán un proceso legal junto a la Fiscalía General del Estado y la Dinapen.
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