“Debe realizarse un análisis para determinar si los ingresos de los funcionarios judiciales corresponden a su sueldo. Es ilógico que algunos funcionarios judiciales, como en el caso Purga, tengan un millón de dólares en su patrimonio cuando no corresponde a los sueldos que perciben”, señaló Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha.
En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este martes 12 de marzo del 2024, Ocaña señaló que para enfrentar la crisis judicial se debe trabajar de forma conjunta con la academia y otros actores, como los abogados en libre ejercicio.
En este sentido, el abogado propone que el Consejo de la Judicatura con la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) hagan un análisis a todos los funcionarios públicos, especialmente a jueces, para determinar si las declaraciones de patrimonio están acorde con los salarios que reciben.
“Al detectar irregularidades se debe iniciar investigaciones por enriquecimiento ilícito no justificado y posiblemente como lavado de activos (…) Es importante que para los nuevos concursos se pueda establecer un prerrequisito donde los postulantes abran sus cuentas y con ello se pueda verificar la credibilidad y la transparencia que pueda tener su patrimonio referente al puesto que van a ocupar”, enfatizó.
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También Ocaña detalló que entre sus sugerencias está la presencia de expertos internacionales en el área psicológica para la selección de jueces nacionales con el objetivo de minimizar irregularidades y obtener un mejor resultado.
“Es indispensable que la Judicatura abra sus puertas a los demás integrantes del sistema judicial, como es la academia y los abogados de libre ejercicio, para aportar con ideas”, añadió el jurista.
Finalmente, Paúl Ocaña considera que no solo debería realizarse una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial sino también de la Constitución para resolver las problemáticas que afectan a la justicia ecuatoriana.
“Nosotros como gremio seguiremos dando las críticas necesarias con el fin que nuevamente vuelva la credibilidad al sistema judicial y la confianza no solo de los abogados sino de la sociedad en general”, concluyó.
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