“Quienes quieran operar en la capital, deberán hacer la Revisión Técnica Vehicular en esta ciudad”. Esta fue la reacción del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, luego del siniestro de tránsito ocurrido el 31 de enero del 2024 en el sur de la urbe. En el percance estuvo involucrado un vehículo de carga pesada, tres buses y dos taxis.
En un post publicado por Muñoz se informó que el tráiler siniestrado pasó la RTV en Tulcán, al norte del país, en el 2022. Actualmente, el artículo 12 del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que “los vehículos pueden cumplir la RTV en cualquiera de los centros autorizados por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) o por los municipios de acuerdo a su jurisdicción”.
Según la normativa, al cumplir con este requisito podrán circular libremente por todo el territorio nacional. Además, aclara que “los Municipios no podrán exigir una nueva revisión en los centros de su jurisdicción”.
Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad, explica que la propuesta del alcalde Muñoz “no es viable”. Esto debido al principio jurídico de aplicación de la norma. Es decir, que el Reglamento, que fue emitido mediante Decreto Ejecutivo, está por encima de las ordenanzas municipales.
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Según dice, lo óptimo sería exigir a la ANT que se aplique la misma rigurosidad en todos los centros de revisión a escala nacional. “Excluir o que Quito tenga un tipo de regulación diferente no es posible por un tema de jerarquía legal”, explica Buendía.
Para Álvaro Guzmán, exdirector de la ANT y experto en movilidad, una de las soluciones sería establecer una Red Nacional de Centros de Revisión Técnica Vehicular. Es decir, que el proceso esté homologado a escala nacional para que todos los GAD tengan acceso a la información de los vehículos.
Ambos concuerdan en que el problema de la RTV no está en dónde se realice, sino en la meticulosidad con que se lleva a cabo el proceso. En ese sentido, dicen, la solución estaría en pedir a la ANT que mejore los controles en los centros.
¿Es viable la propuesta del alcalde Muñoz?
Pese a que los Gobiernos Autónomos Descentralizados cuentan con autonomía para la toma de decisiones respecto a los temas de movilidad y transporte, Buendía aclara que esta es funcional en lo referente a planificación y control. Pero “esto debe estar dentro de los lineamientos emitidos por la autoridad de control que, en este caso, es la ANT.
Sin embargo, Guzmán menciona que la idea podría aplicarse siempre y cuando el Municipio de Quito encuentre la forma de enmarcar la medida. Por ejemplo, recuerda que en la capital existía la obligatoriedad de pasar dos revisiones anuales: una por temas de movilidad y otra de ambiente.
En ese sentido, menciona que la ejecución de esta propuesta dependería fundamentalmente de cómo el Concejo Metropolitano de Quito elabore la normativa.
¿Qué implicaciones tendría la medida?
Guzmán asegura que esta medida traería complicaciones económicas y logísticas, sobre todo en el caso de los vehículos de carga pesada que circulan entre provincias. Por ejemplo, si un camión debe pasar la RTV en diferentes ciudades no es rentable para las empresas.
Resalta que es necesario implementar una política global de seguridad vial y que abarque no solo los vehículos de carga pesada, sino todas las aristas del transporte.
Para el experto una de las medidas debería ser incentivar a los vehículos a que no ingresen a la ciudad en horas pico. Para ello sería necesario hacer una optimización de rutas para el transporte de carga pesada.
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