Representante legal de importadora es procesado por presunto tráfico de droga

Una persona fue procesada –y quedó con prisión preventiva– tras haber sido detenida al interior del Puerto de Aguas Profundas de Posorja, en el cantón Playas, Provincia del Guayas.

Esto, luego de que personal de la Unidad de Puertos y Aeropuertos, de la Policía Antinarcóticos, detectara un cargamento de dos toneladas de cocaína embaladas.

Su destino final sería la ciudad de Amsterdam, en Holanda.

En la audiencia de flagrancia, llevada a cabo la mañana del sábado 5 de marzo en la Unidad Multicompetente del cantón Playas, el fiscal Segundo Arechúa presentó entre los elementos de convicción: el parte de aprehensión elaborado por la Policía Antinarcóticos, la prueba de identificación preliminar homologada y el acta de verificación y pesaje de la droga, el certificado laboral del ahora procesado y su versión.

Todo fue ingresado en cadena de custodia del Centro de Acopio Temporal de la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Zona 8.

El juez de Garantías Penales, Omar Demera Valencia, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Jordy Alfonso G. R.

La instrucción fiscal durará treinta días.

Contexto

La mañana del viernes 4 de marzo, personal de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos con ayuda del can «Noak», que alertó a los agentes, halló dos toneladas de cocaína, distribuidas en 2.000 paquetes rectangulares embalados en cinta adhesiva color café.

Se encontraban al interior de cajas de banano de exportación.

La droga se encontraba en un contenedor refrigerado, listo para ser embarcado en un buque carguero, que tenía como destino final Holanda.

El ahora procesado se encontraba en el sitio donde fue descubierta la droga y se identificó como representante legal de la empresa exportadora de fruta.

Fue aprehendido y trasladado a la Unidad Policial de este cantón.

Información jurídica

Fiscalía proceso este caso con base en el artículo 220, numeral 1, literal d (gran escala), del Código Orgánico Integral Penal.

Sanciona la posesión, distribución, tenencia, transporte y venta de sustancias sujetas a fiscalización con pena privativa de libertad de diez a trece años.