“No reviviremos una ley mordaza que persiga a quien piense y opine diferente a nosotros”. Con ese mensaje, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, vetó parcialmente las reformas a la Ley de Comunicación este miércoles 24 de agosto del 2022.
“El Ecuador necesita una prensa libre, responsable; una prensa que investigue y que contraste la información”, sostuvo el Mandatario.
Lasso aseguró que la objeción que enviará este mismo día a la Asamblea cuenta con el aporte de periodistas, representantes de medios de comunicación y organismos internacionales.
Según el Presidente, su objeción se basa en «un profundo análisis técnico y jurídico con el compromiso de precautelar la libertad de expresión de los ecuatorianos».
Reformas
El pasado 21 de julio, la Asamblea aprobó con los votos de UNES (correísmo), Pachakutik e independientes un cuerpo con reformas a la Ley de Comunicación creada en 2013 por el régimen de Rafael Correa.
Entre las reformas aprobadas por esa mayoría legislativa se encuentra el otorgamiento de atribuciones a la Defensoría del Pueblo para iniciar procesos y contar con defensores de audiencia.
Asimismo, se plantea la reestructuración del Cordicom, que pasaría a denominarse Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación; la creación de medios oficiales, entre otros.
El debate de reforma a la Ley de Comunicación había sido propuesto por el presidente Guillermo Lasso.
En su primer día de Gobierno, el 25 de mayo del 2021, el Mandatario envió a la Asamblea un proyecto de reforma, que contemplaba la eliminación de 91 artículos.
Lasso buscaba la autoregulación de medios y periodistas, y reducir el papel del Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom), como mecanismos para garantizar la libertad de expresión.
Sin embargo, 14 meses después, una mayoría de oposición no aceptó su propuesta en el Parlamento y estableció nuevos mecanismos de control a medios de comunicación a través de la Ley.
El veto parcial de Lasso será remitido a la Asamblea este 24 de agosto. La Legislatura tiene 30 días para allanarse al veto o para ratificarse en el texto de la Ley de Comunicación aprobado el 21 de julio.
En el primer caso, se requiere una mayoría simple. En cambio, para ratificar el texto aprobado por los asambleístas se requiere el voto de las dos terceras partes del Parlamento (92 de 137 integrantes).
Si la Asamblea no alcanza los votos, la objeción presidencial se publicará en el Registro Oficial.
