Más de 100 servidores públicos fueron despedidos desde que se inició la fusión de Ministerios

La reestructuración del Estado que anunció el Gobierno Nacional en julio de este 2025 contemplaba la fusión de Ministerios y Secretarias de Estado. El ajuste significó para las arcas públicas un desembolso de 2,2 millones de dólares en indemnizaciones, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo.

Hasta el 26 de septiembre del 2025, la fusión de Ministerios implicó el despido de 106 funcionarios que tenían nombramiento permanente, de acuerdo con un informe del Ministerio de Trabajo difundido por el portal Primicias.

En total, desde el 25 de julio hasta el 26 de septiembre se registraron 1 244 supresiones de partidas en distintas instituciones, aunque no todas obedecen a fusiones. La norma que amparaba el procedimiento fue la Resolución 032 del Ministerio de Trabajo, publicada el 24 de julio, horas antes del anuncio del plan.

Fusiones y recortes

El 14 de agosto se firmaron los decretos que dieron paso a la absorción y traslado de varias carteras de Estado. Desde entonces, las desvinculaciones relacionadas directamente con este proceso comenzaron a ejecutarse.

Entre las entidades fusionadas figuran el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ahora integrado en el Ministerio de Infraestructura y Transporte, que despidió a 15 servidores.

El entonces Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que desvinculó a 91 empleados el 26 de julio.

El Ministerio del Ambiente, que absorbió al de Energía, cesó a 74 personas, mientras que de Energía se separó a 9 trabajadores.

Estos casos se suman a despidos iniciados desde finales de julio, incluso antes de que las fusiones entraran en vigor.

La base legal para la supresión de puestos fue la Ley de Integridad Pública, que facultaba la reducción de personal por duplicidad de funciones, cargos sobrevalorados, reestructuraciones internas o limitaciones presupuestarias. 

Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la norma el 26 de septiembre. Pese a ello, la sentencia no tiene efectos retroactivos en materia laboral, lo que significa que los trabajadores desvinculados no podrán regresar a sus cargos.