Contraloría detecta irregularidades por USD 11,6 millones en hospitales públicos de Ecuador

La Contraloría General del Estado ratificó responsabilidades civiles por más de USD 11,6 millones contra 68 servidores de 13 hospitales del Ministerio de Salud Pública. 

El caso está relacionado con irregularidades en contratos para la compra de medicamentos y dispositivos médicos destinados a pacientes con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas.

La resolución fue emitida el 21 de mayo de 2026 y se basa en un examen especial realizado en 2023 sobre procesos de adquisición ejecutados entre julio de 2018 y diciembre de 2022. 

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El organismo de control detectó inconsistencias en el manejo y distribución de medicamentos en hospitales públicos del país. 

Medicamentos sin control y diferencias en bodegas

Según el informe de auditoría, existieron diferencias entre las cantidades de medicamentos entregados a pacientes y los registros almacenados en las bodegas generales y farmacias hospitalarias. La Contraloría señaló que no hubo un control adecuado sobre el ingreso y salida de fármacos ni sobre su destino final.

El perjuicio por estas irregularidades suma los 11,6 millones de dólares. Entre los hospitales involucrados constan: 

• Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 
• Hospital Pediátrico Baca Ortiz 
• Hospital Pediátrico Francisco Icaza Bustamante 
• Hospital de Especialidades Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón" 
• Hospital General Isidro Ayora 
• Hospital General Vicente Corral Moscoso 
• Hospital General Alfredo Noboa Montenegro 
• Hospital General Rodríguez Zambrano 
• Hospital General Napoleón Dávila Córdova 
• Hospital General Gustavo Domínguez 
• Hospital General Docente de Ambato 
• Hospital General San Vicente de Paúl 
• Hospital General Esmeraldas Sur " Delfina Torres de Concha"

El informe también señala que se compraron 100 unidades del medicamento Rituximab por emergencia sin cumplir con las causales legales establecidas. 

Además, el Trastuzumab, utilizado para tratamientos de cáncer de mama, fue entregado fuera del plazo contractual, lo que habría puesto en riesgo la continuidad de tratamientos médicos. 

Contraloría detectó dispositivos caducados y falta de sanciones

La auditoría determinó además que no se verificó si varios dispositivos médicos cumplían con las especificaciones técnicas requeridas al momento de su recepción. 

Esta situación impidió aplicar multas contractuales y permitió el almacenamiento de productos caducados o adulterados.

Entre las afectaciones detectadas también consta el desabastecimiento de medicamentos esenciales para pacientes con hemofilia y problemas en el acceso de personas con VIH a pruebas de hepatitis B. 

La Contraloría indicó que estas fallas comprometieron la disponibilidad de insumos médicos en distintas casas de salud.

Otro de los hallazgos señala que, tras la terminación unilateral de uno de los contratos observados, no se registró al proveedor como contratista incumplido ante el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). 

Tampoco se ejecutaron garantías de cumplimiento ni se presentó una denuncia ante la Fiscalía por medicamentos adulterados.