Juicio en El Salvador: más de 400 pandilleros juzgados por más de 47.000 delitos

La Fiscalía General de la República de El Salvador inició este lunes un proceso penal sin precedentes contra más de 400 presuntos líderes de la Mara Salvatrucha (MS13). Bajo un nuevo modelo de macroaudiencia única, los imputados enfrentan cargos por más de 47.000 delitos cometidos en un periodo de diez años, entre 2012 y 2022.

Esta modalidad de juicio colectivo, que se desarrolla a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, es posible gracias a las recientes reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado aprobadas en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

Según las autoridades, este sistema permite procesar a toda la estructura criminal en un solo expediente, agilizando las condenas por la sola pertenencia a la organización.

De la extorsión a la rebelión contra el Estado

Por primera vez, la acción penal no solo se enfoca en delitos comunes como homicidios, feminicidios y tráfico de armas, sino que incluye el cargo de rebelión.

La tesis de la Fiscalía sostiene que la MS13 intentó establecer un "estado paralelo" mediante el control territorial, atentando directamente contra la soberanía nacional.

El Ministerio Público destacó que 413 de los procesados ya se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad que se ha convertido en el símbolo de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele.

Además, se han emitido órdenes de captura para otros 73 sujetos que están siendo juzgados en calidad de ausentes.

El costo de la seguridad y la controversia legal

Este macroproceso representa la apuesta más ambiciosa del gobierno salvadoreño para desarticular definitivamente las estructuras de mando de las pandillas.

El origen de esta causa se remonta a la ola de violencia de marzo de 2022, que dejó 86 víctimas mortales y gatilló la suspensión de garantías constitucionales en el país.

Si bien esta política de "mano dura" le ha valido a Bukele niveles históricos de aprobación y una reciente reelección, el modelo de juicios masivos sigue bajo la lupa de organismos internacionales.

Críticos y defensores de derechos humanos señalan que el formato de audiencias abiertas y colectivas podría comprometer el debido proceso y el derecho a la defensa individual, en un sistema judicial donde el régimen de excepción se ha vuelto la norma.