Xavier Jordán, Rony Aleaga y José Serrano llamados a juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio
Siete personas fueron llamadas a juicio como autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Reinstalación de la Audiencia Preparatoria de Juicio del Caso Fernando Villavicencio, para la lectura de la resolución, en Unidad Judicial Norte.
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Actualizado:
05 nov 2026 - 15:38
Xavier Jordán, José Serrano, Rony Aleaga, Daniel Salcedo y otros tres procesados más fueron llamados a juicio como autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Un tribunal tomó la decisión la tarde de este jueves 5 de noviembre del 2026 en una audiencia que se realizó en el Complejo Judicial Norte, en Quito.
El caso, denominado Magnicidio FV, investiga a los presuntos autores intelectuales y a quienes habrían intervenido en la coordinación del atentado, que ocurrió cuando Villavicencio salía de un mitin político en el norte de la capital.
De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, los elementos recopilados durante la investigación apuntan a una estructura que habría involucrado a actores políticos, integrantes del grupo delictivo Los Lobos y personas encargadas de financiar y coordinar la contratación de sicarios.
Los investigados habrían cumplido diferentes funciones, desde la presunta decisión de cometer el asesinato hasta la entrega de información sobre los movimientos de Villavicencio y la organización de los ejecutores.
Serrano, Aleaga y Jordán encargados de la planificación
Serrano, Aleaga y Jordán aparecen vinculados con la presunta planificación del asesinato del excandidato presidencial.
Jordán es señalado como supuesto instigador y agente decisor del crimen. Según la información presentada, existen 42 elementos que sustentan la acusación en su contra. La hipótesis investigativa sostiene que habría impulsado la iniciativa criminal como represalia por las denuncias de corrupción realizadas en su contra.
Por su parte, Serrano es señalado como presunto planificador. Los 49 elementos mencionados en la investigación lo vincularían con la obtención y entrega de información policial privilegiada sobre las rutinas del entonces candidato presidencial.
Mientras tanto, Aleaga habría cumplido una función de articulación entre el entorno político, la estructura criminal y los operadores financieros y ejecutores. En su caso, la información de la Fiscalía General del Estado señala 50 elementos que sustentarían esa hipótesis.
Alias 'Pipo' habría dirigido el atentado por USD 1 millón
La investigación también apunta a la presunta participación de integrantes de la organización delictiva Los Lobos.
Wilmer Ch., alias 'Pipo', cabecilla de la estructura criminal, habría desempeñado el papel de director operativo del asesinato. Según los 15 elementos mencionados en su contra, habría dirigido el atentado por un monto de USD 1 millón.
La hipótesis investigativa señala que utilizó información policial sensible para distribuir funciones, movilizar recursos, supervisar seguimientos y autorizar la participación de integrantes de la organización.
Otro de los investigados es Daniel Salcedo, señalado como presunto facilitador logístico y nexo criminal. Los 36 elementos recopilados en su contra lo vincularían con la conexión entre quienes planificaron el asesinato y el grupo delictivo Los Lobos.
Alias 'Lobo Menor' y 'Gordo Luis' también llamados a juicio
La investigación incluye a otros dos integrantes de Los Lobos, quienes habrían participado en la coordinación de los recursos y la logística para ejecutar el asesinato.
Esteban Aguilar, alias 'Lobo Menor', identificado como segundo al mando de la organización, habría supervisado las tareas encargadas a alias 'Invisible', quien ya fue sentenciado por el asesinato de Villavicencio.
Según la información presentada, existen 12 elementos de convicción que lo vincularían con la coordinación operativa del crimen.
En tanto, Luis Alfredo Arboleda, alias 'Gordo Luis', habría actuado como intermediario entre los financistas y los sicarios.
Los 16 elementos señalados en su contra apuntan a que presuntamente recibió dinero para contratar a los ejecutores en Colombia, mediante contactos con disidentes de las FARC. También habría participado en reuniones de planificación realizadas en Cali.
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