Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Justicia prohíbe salir del país a Solanda Goyes por presunto tráfico de influencias

La Fiscalía investiga una contratación realizada en 2021 que habría beneficiado a una familiar de Goyes dentro de un proyecto de cooperación internacional.

La justicia ordenó a Solanda Goyes prohibición de salida del país y presentaciones cada 15 días dentro de una investigación por presunto tráfico de influencias.

Judicatura.

Autor

Melany Oñate

Actualizado:

29 sep 2026 - 07:00

La justicia ecuatoriana ordenó este 28 de septiembre de 2026 la prohibición de salida del país para Solanda Goyes, exvocal del Consejo de la Judicatura, dentro de una investigación por presunto tráfico de influencias.

La audiencia de formulación de cargos se realizó en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Además de impedirle salir de Ecuador, el juez dispuso que Goyes se presente cada 15 días ante la autoridad competente.

Fiscalía investiga una contratación de 2021

Según la Fiscalía, Goyes habría gestionado en 2021 la contratación de su hijastra mediante un nombramiento provisional para trabajar en un proyecto de cooperación internacional valorado en 120 000 euros.

La tesis fiscal señala que la persona contratada no habría cumplido con el perfil ni con la experiencia requerida para la carga. En ese momento, Goyes se desempeñaba como director de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura.

La instrucción fiscal durará 90 días

Con la formulación de cargos comienza una instrucción fiscal de 90 días, período durante el cual Fiscalía podrá recopilar nuevos elementos para determinar si existen responsabilidades penales.

Goyes ha rechazado cuestionamientos previos relacionados con su gestión en el Consejo de la Judicatura y presentó una acción de protección para cuestionar otro proceso abierto en su contra.

El proceso por presunto tráfico de influencias se encuentra en etapa de investigación y no existe todavía una sentencia que determine responsabilidad penal.