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Procesados por tenencia ilegal de caballitos de mar disecados serán sometidos a juicio

El juez también dictó medidas como prohibición de salida del país y presentación periódica fueron parte de las resoluciones en el caso. 

La Policía Nacional mostró las evidencias de los caballitos de mar.

Cortesía de la Policia Nacional

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

04 sep 2025 - 17:04

Por un presunto delito contra la flora y fauna silvestres, Karen del Cisne B. y José Agustín D. son procesados por Fiscalía, luego de haber sido aprehendidos en flagrancia con 6 300 caballitos de mar disecados en Huaquillas, límite con Perú.

En la audiencia de flagrancia, el Fiscal de turno presentó los elementos de convicción contra los procesados, entre ellos: los relatos de agentes policiales que tomaron procedimiento en el caso, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y un informe del Ministerio del Ambiente, en el que consta que los caballitos de mar son una especie vulnerable y en peligro de extinción.

El Juez de Garantías Penales les dictó prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad. El Fiscal del caso indicó que, en Huaquillas, varios ciudadanos informaron a los policías que en una vivienda almacenaban especies marinas en peligro de extinción.

Los uniformados acudieron al domicilio de Karen del Cisne B. y, en la sala, se encontraron dos cartones envueltos en una funda negra con cinta de embalaje. Ante el olor putrefacto que emanaban, solicitaron que abran las cajas y constataron que contenían caballitos de mar. 

De inmediato, a través del ECU 9-1-1, pidieron la colaboración de la Unidad de Policía del Medio Ambiente (UPMA), cuyos agentes acudieron al lugar con personal del Ministerio del Ambiente.

La ahora procesada manifestó que un amigo, José Agustín D., le había encargado las cajas. Con esta información, los policías se trasladaron al domicilio del implicado y, durante el registro, encontraron un pepino de mar sobre la refrigeradora, dos máquinas selladoras, una empacadora, 177 fundas plásticas transparentes y un celular.

Al tratarse de un delito sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años, la causa se tramitará por procedimiento directo. La audiencia de juicio fue señalada para el próximo 18 de septiembre. 

Este caso se judicializa por delitos contra la flora y fauna silvestres, tipificados en el artículo 247, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).