Arrancan audiencias públicas en la Corte Constitucional sobre leyes que promovió el Gobierno

La Ley de Solidaridad Nacional será la primera normativa del paquete legal impulsado por el oficialismo en someterse al examen público de la Corte Constitucional (CC). Este lunes, 25 de agosto de 2025, a partir de las 10:30, el juez Alí Lozada dirigirá una audiencia telemática en la que los demandantes y los representantes del Ejecutivo deberán confrontar sus argumentos.

El proceso se desarrolla en un ambiente de tensión política. Apenas dos semanas atrás, el presidente Daniel Noboa encabezó una marcha de protesta contra los magistrados, responsabilizándolos de la inseguridad tras la suspensión cautelar de varios artículos de las leyes cuestionadas. Incluso advirtió que podría retirarles el edificio donde funciona el tribunal.

La controversia gira en torno a tres normas aprobadas por Acción Democrática Nacional (ADN) con el respaldo del Ejecutivo: la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Inteligencia. Hasta el 21 de agosto, estas disposiciones acumulaban 41 demandas de inconstitucionalidad.

La Corte no ha emitido aún una sentencia definitiva, pero sí aceptó a trámite los recursos ciudadanos y dispuso la suspensión temporal de 17 artículos, lo que detonó el enfrentamiento con el Gobierno.

Solidaridad Nacional: el frente más inmediato

La primera audiencia corresponde a la Ley de Solidaridad Nacional, que regula el conflicto armado interno. La Corte unificó cinco de las seis demandas presentadas en su contra, promovidas por colectivos, abogados y organizaciones de derechos humanos como Inredh.

Los demandantes advierten que la norma amenaza la independencia judicial, el acceso a la justicia y los derechos de las víctimas. Entre los puntos más sensibles figuran:

La definición de grupos armados organizados y objetivos militares, considerada riesgosa e irreversible para la población.

El cuestionado indulto anticipado, que, según los recurrentes, generaría impunidad frente a violaciones graves de derechos humanos.

El artículo que condiciona el reconocimiento del conflicto armado interno a un decreto ejecutivo. Esto contradice la jurisprudencia de la propia Corte, que ya había rechazado el decreto 55 firmado por Noboa en julio pasado.

Integridad Pública: la más resistida

La segunda gran polémica se concentra en la Ley de Integridad Pública. Lo que empezó como una reforma a la contratación estatal terminó incluyendo cambios en materia penal, laboral, financiera, de servicio público, niñez y adolescencia, entre otros.

Ese “paquete” legislativo provocó una oleada de reacciones: hasta 30 demandas de inconstitucionalidad llegaron al tribunal, impulsadas por colegios de abogados, sindicatos, médicos, estudiantes, jueces y asociaciones de servidores públicos.

Aunque el Gobierno retiró algunas disposiciones, como la reforma sobre compensación por jubilación, se mantienen artículos que reducen beneficios por despido intempestivo y crean un nuevo sistema de evaluación de funcionarios, puntos que han provocado el mayor rechazo.

Inteligencia: vigilancia sin control

El tercer eje en disputa es la Ley de Inteligencia. Dos de las cuatro demandas presentadas ya fueron unificadas por la Corte. Estas objeciones provienen de sindicatos, organizaciones de derechos humanos y el Centro de Derechos Humanos de la PUCE.

Los artículos suspendidos de forma cautelar habilitaban prácticas como:

• Solicitud de información a operadoras telefónicas sin orden judicial.
• Interceptación de comunicaciones y documentos sin autorización de un juez.
• Uso de identidades falsas para agentes.
• Incineración de respaldos de gastos especiales.

Según la Corte, estas medidas podrían derivar en una afectación “inminente e irreversible” a derechos fundamentales como la intimidad, la protección de datos y el debido proceso.

Con la audiencia de este 25 de agosto comienza un proceso clave: el Ejecutivo y el Legislativo deberán defender sus leyes ante el máximo tribunal del país. Por ahora, la Corte mantiene suspendidos varios artículos, pero la decisión de fondo, si las normas se mantienen, se modifican o se eliminan, aún está pendiente.