Presentan dos demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública

La Ley de Integridad Pública aprobada por la Asamblea Nacional y vigente desde el 26 de junio del 2025 con su publicación en el Registro Oficial registra dos demandas de inconstitucionalidad presentadas este lunes 30 de junio del 2025 

ante la Corte Constitucional (CC) de Ecuador.   

Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), presentó  una de las demanda. El dirigente sindical asegura que la Ley atenta contra la estabilidad laboral y la compensación para los funcionarios públicos que se jubilen.

El dirigente pidió a la CC que deje sin efecto los artículos relacionados con estos temas y declare prioritario el tema para su tratamiento. Otro de los reclamos es la inclusión de sanciones endurecidas para los adolescentes infractores que cometan delitos graves, que son parte de la norma.  

Quishpe pidió a más gremios protestar en contra de la Ley y sumar acciones legales. "Llamamos a otros sectores sociales a que sigan ingresando acciones de demanda de inconstitucionalidad y desde la UNE decidimos convocar para este 11 de julio a una movilización a la Corte Constitucional, para que centre su debate en este tema", manifestó el dirigente. 

La UNE, en su escrito, reclamó la inconstitucionalidad del numeral 24 del artículo 6, la disposición reformatoria tercera; y el numeral 3 de la disposición reformatoria decimosexta. Se trata de lo relacionado con los derechos de la compensación jubilar, evaluación a servidores públicos y el endurecimiento de penas para menores infractores. 

• Otro sector que rechaza reforma en Ley de Integridad

Otra acción legal fue ingresada por los abogados Ricardo David Luna y Stalin Fernando Rivera, como parte del sector de las cooperativas de ahorro y crédito. Ellos rechazan la decimoprimera disposición transitoria de la Ley, que dispone que las cooperativas de ahorro y crédito se transformen en sociedades anónimas del sector financiero privado. 

Los abogados pidieron a la CC que suspenda, provisionalmente, esta disposición de la Ley de Integridad y que, posteriormente, declare la inconstitucionalidad total de este apartado.