Familiares de detenidos en el paro acuden a Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea

Familiares de las personas detenidas en Imbabura y fallecido en el paro convocado por la Conaie, acudieron a la Comisión de Garantías Constitucionales la mañana de este martes 30 de septiembre del 2025.

Junto a ellos estuvo el presidente de la Conaie Marlon Vargas y la vicepresidenta del movimiento social Ercilia Castañeda, quienes hablaron de pedidos puntuales a las autoridades de la Asamblea Nacional.

Los indígenas fueron recibidos por la presidenta de la Comisión Verónica Iñiguez.

Marlon Vargas, presidente de la Conaie pidió que la Asamblea inicie un proceso de juicio político contra el ministro del Interior, John Reimberg, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; quienes "tendrán que responder ante la Constitución y la Ley del Estado ecuatoriano y los tratados internacionales", dijo Vargas.

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Los familiares exigieron la libertad inmediata de los detenidos que, según relataron fueron trasladados a centro penitenciarios de otras provincias.

Además, Vargas señaló que algunos tienen condiciones médicas como epilepsia y advirtió que "si algo les pasara será de total responsabilidad del Gobierno Nacional".

Finalmente, mantuvieron su postura de que "para la paz del pueblo ecuatoriano exigen la derogatoria del Decreto 126, caso contrario seguirán en la lucha", sentenció el dirigente.

Comisión de Seguridad tilda de ilegal la convocatoria

Minutos después de la comparecencia la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral calificó a la convocatoria como "ilegal e ilegítima".

En un comunicado la Comisión señaló que la víspera a la comparecencia de los indígenas a la Comisión de Garantías Constitucionales, se había notificado el inicio de un proceso de fiscalización de los hechos de violencia derivados de las actuaciones de los manifestantes y la fuerza pública.

Según Seguridad el proceso fue notificado a la Presidencia, Secretaría y todas las Comisiones de la Asamblea Nacional y en el marco de la ley de la Función Legislativa cuando una "comisión prevenga el conocimiento de un proceso de fiscalización y control político ninguna otra comisión podrá requerir la comparecencia de autoridades o servidores sobre la misma materia".

Ante ello, la Comisión de Seguridad señala que pese a ello "la Comisión de Garantías Constitucionales, de manera arbitraria y deliberada continuó con la convocatoria que es nula e ilegal".