¿Funcionarios públicos que quieren hacer campaña en la consulta deben pedir licencia?

Ecuador vivirá un nuevo proceso electoral el próximo domingo 16 de noviembre cuando se desarrolle la consulta popular y referéndum impulsados por el presidente Daniel Noboa.

La campaña electoral se iniciará el sábado 1 de noviembre y durará hasta el jueves 13. Distintas organizaciones sociales impulsarán el sí y el no en el proceso que busca reformar la Constitución de 2008.

Previo al inicio de la campaña, distintas organizaciones políticas y funcionarios públicos, incluido el Presidente de la República, Daniel Noboa, han mostrado su interés en hacer campaña electoral, lo que pone sobre la mesa el debate de si deben o no pedir licencia para participar en actos proselitistas.

La bancada oficialista y el correísmo en la Asamblea Nacional anunciaron que solicitarán licencia sin sueldo para que sus asambleístas puedan realizar campaña en territorio.

Respecto a si el presidente Daniel Noboa debe pedir licencia durante la campaña electoral, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, indicó que el organismo tendrá que "analizar esa situación". 

"Hay prohibiciones en el Código de la Democracia, hay alcances y tendremos que nosotros pronunciarnos respecto a eso", señaló la funcionaria en una conferencia de prensa el lunes 27 de octubre.

De acuerdo con el Código de la Democracia, "los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral".

Sin embargo, como no se trata de un proceso de elección de autoridades, para campañas electorales, el Código de la Democracia indica que "se prohíbe a los candidatos que ejerzan una función pública y a los servidores y funcionarios públicos, el uso de recursos y bienes del Estado en las campañas nacionales y locales de elección directa, revocatoria del mandato, consultas populares e inscripción de candidaturas".

Además, dispone que durante la campaña electoral se prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado, en todos los niveles de Gobierno, salvo cuando se trata de cierres o vías habilitadas por trabajos de obra pública, casos de emergencia u otros temas de importancia nacional.