Gobierno pide que audiencia sobre Ley de Integridad Pública sea presencial y no se difiera

El Ejecutivo dio marcha atrás en su pedido de diferir la audiencia convocada por la Corte Constitucional (CC) para tratar las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobada por la Asamblea en junio del 2025.

Esa diligencia fue convocada para el lunes 18 de agosto de 2025, a las 10:00, de forma virtual. El objetivo de la audiencia es escuchar los argumentos que sustentan el pedido de inconstitucionalidad de la Ley y también oír la defensa del Gobierno.

El secretario general Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, había remitido el martes 12 de agosto un oficio a la CC en el que solicitaba el aplazamiento de la diligencia para tener más días para preparar la defensa. 

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Sin embargo, este jueves 14 de agosto del 2025, el Gobierno envió un nuevo escrito a la Corte Constitucional en el que desiste de esa solicitud de diferimiento y pide que la audiencia se realice en la fecha prevista, pero de manera presencial. 

Según Andino, el cambio de postura obedece a que “los asuntos que se tratarán son de interés nacional y requieren el más alto nivel de garantía del principio de inmediación procesal”. 

El caso se encuentra en el despacho del juez constitucional José Terán, quien tramita 19 demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública. 

Entre los demandantes figuran la Unión Nacional de Educadores, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces y la Federación de Asociaciones de Servidores Universitarios y Politécnicos. 

Además de este proceso, la Corte Constitucional analiza otras acciones: seis demandas contra la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, y dos en contra la Ley de Inteligencia.