¿Qué implica el nuevo estado de excepción en 10 provincias de Ecuador en medio del paro?
La medida tiene restricciones. Militares y policías pueden intervenir. Imbabura, Bolívar, Cañar y Chimborazo son escenarios de violencia.

En Chunchi, Marlon Vargas, presidente de la Conaie, camina lado a lado con las bases movilizadas de Chimborazo el sábado 4 de octubre.
Tomado de redes sociales
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Actualizada:
05 oct 2025 - 08:36
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción. En esta ocasión, la medida se definió para 10 provincias. ¿Qué es un estado de excepción y cuáles son los limitaciones? La decisión se tomó el sábado 4 de octubre, vía Decreto Ejecutivo No. 174.
En los textos del Decreto Ejecutivo se puede leer que un estado de excepción es un régimen extraordinario donde un Gobierno limita o restringe temporalmente ciertos derechos y libertades constitucionales. La declaratoria tendrá una vigencia de 60 días y se focaliza en las provincias donde se llevan 13 días de manifestaciones y hasta con hechos violentos.
Las provincias bajo esta disposición son Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. En Chimborazo y Bolívar especialmente se han registrado reuniones permanentes de los sectores indígenas de la Conaie. En una de esas reuniones, Marlon Vargas, presidente de la Conaie, amenazó con tomarse Quito si el Gobierno no hace caso.
Las reglas del juego ahor cambian. Durante 60 días se suspende el derecho a la libertad de reunión, prohibiendo aglomeraciones en espacios públicos que puedan derivar en afectaciones a los servicios esenciales o la seguridad ciudadana.
Con el nuevo estado de excepción, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están autorizadas a intervenir, bajo principios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos, para disolver concentraciones que representen un riesgo.
La movilización de la Policía “tendrá por objeto reforzar el control interno para garantizar la integridad y la convivencia pacífica de los ciudadanos a nivel nacional y la intervención emergente ante incidentes que vulneren derechos de las personas, garantizar el derecho al libre tránsito, libre desarrollo de actividades económicas y evitar la destrucción del patrimonio nacional y cultural”.
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