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Proyecto de Ley propone endurecer penas por reclutar menores: hasta 26 años

La Asamblea analiza, este 29 de septiembre, en segundo debate una reforma que busca endurecer penas contra el reclutamiento infantil.

El Pleno de la Asamblea analiza, en segundo debate, la Ley para prevenir el reclutamiento de niños y adolescentes.

Asamblea Nacional

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

29 sep 2026 - 13:00

El Pleno de la Asamblea Nacional lleva a cabo, este martes 29 de septiembre de 2026, el segundo debate del proyecto de Ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes.

La sesión fue convocada por la presidenta del Parlamento, Mishel Mancheno, para las 10:00. La propuesta busca establecer medidas para prevenir, erradicar y sancionar el reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de grupos de delincuencia organizada o grupos armados. 

Para que el proyecto se convierta en ley, deberá obtener al menos 77 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Aumento de penas

Uno de los principales cambios está relacionado con el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La iniciativa plantea reformar el artículo 127, que establece una pena de 10 a 13 años de prisión para el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

Con la reforma, la sanción podría elevarse a una pena de 22 a 26 años de privación de libertad.

El proyecto también propone ampliar la tipificación del delito. Además de las acciones de “reclutar” y “enlistar”, se incorporarían los términos “usar” y “utilizar”, con el objetivo de abarcar otras formas de involucramiento de menores en actividades de organizaciones criminales.

Mapas de riesgo

La propuesta contempla modificaciones en 11 leyes, entre ellos el Código de la Niñez y Adolescencia, el COIP, la Ley de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la Ley Orgánica de Educación Superior y la Ley de Cultura.

También plantea reformas a la normativa relacionada con la prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas y el control de sustancias sujetas a fiscalización.

Entre las medidas previstas está la elaboración de mapas de riesgo por parte de los ministerios de Educación, Interior y Salud. Para identificar instituciones educativas y sectores aledaños con mayor exposición a factores de riesgo.