Estas son las provincias de Ecuador en las que está vigente el estado de excepción

El estado de excepción se mantiene en 16 de las 24 provincias de Ecuador este lunes 6 de octubre del 2025, en el contexto de protestas prolongadas del movimiento indígena y un recrudecimiento de la violencia vinculada al crimen organizado.

Mediante Decreto Ejecutivo 175 el presidente Daniel Noboa amplió la medida por 30 días más en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y el cantón Echeandía, provincia de Bolívar.

Además, cerca de la noche del sábado 4 de octubre, el Primer Mandatario dispuso el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza.

La medida de estado de excepción también está vigente en las provincias de Carchi e Imbabura.  

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Bajo el estado de excepción, queda suspendido el derecho a la libertad de reunión las 24 horas, y se faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para disolver aglomeraciones que representen peligro o bloqueo de servicios esenciales.

La medida llega en medio de una ola de movilizaciones que, desde el anuncio de la eliminación del subsidio al diésel, ya lleva tres semanas en varias provincias, con cortes de vías y episodios de violencia. En Imbabura, en particular, los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden han sido más intensos.

El Gobierno argumenta que el decreto responde al crecimiento de acciones delictivas durante las protestas y al uso de los bloqueos con fines de presión política.

En las jurisdicciones bajo excepción, las autoridades están autorizadas para realizar inspecciones, allanamientos y operativos especiales, entre otras acciones, siempre bajo el principio de proporcionalidad y con respeto a los derechos humanos.

No se incluyó esta vez un toque de queda, pero sí la suspensión de la libertad de reunión en espacios públicos susceptibles de generar afectaciones al orden.

El decreto también habilita a las Fuerzas Armadas y la Policía a intervenir en escenarios que atenten contra la integridad de las personas, el libre tránsito, el funcionamiento de las actividades económicas. 

Organismos sociales, defensores de derechos humanos y sectores críticos han expresado preocupación por los efectos de la medida en las libertades ciudadanas. Se advierte que el uso excesivo de la fuerza en el marco de la protesta podría derivar en vulneraciones si no se producen investigaciones imparciales.

Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que el estado de excepción no persigue reprimir movimientos pacíficos, sino neutralizar acciones violentas que —según fuentes oficiales— estarían siendo ejecutadas con el apoyo de actores del crimen organizado que aprovechan el clima de desorden.