Presos que cultivan su comida: el reto de Ecuador frente a los modelos de otros países

La alimentación en el sistema carcelario de Ecuador vivió una crisis en 2024. La empresa La Fattoria S.A. cortó el suministro de raciones alegando una deuda estatal de 30 millones de dólares.   

La respuesta del Ejecutivo fue tajante: llevó el caso a la Fiscalía General del Estado, denunciando presuntos nexos de la contratista con mafias, tras acaparar 171 millones en contratos.

Para frenar esta dependencia de empresas privadas, la Asamblea Nacional aprobó el 17 de marzo de 2026 la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. La normativa da un plazo de 36 meses al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) para lograr que los presos trabajen, produzcan y costeen su propia vida en prisión.

De acuerdo con la ley, el objetivo es que se implemente una política de trabajo interno para personas privadas de libertad. Sin embargo, establece que la participación de los presos no será universal ni inmediata, sino que dependerá de evaluaciones técnicas de seguridad, salud y aptitudes.

Además, recalca que la alimentación es un derecho garantizado por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y no puede condicionarse al trabajo al interior de las prisiones.

Aunque el COIP aclara que la nutrición es un derecho ineludible y no se condicionará a la capacidad de trabajo, el desafío logístico ecuatoriano es inmenso.

¿Cómo funcionan otros modelos en la prisión?

El modelo más mediático es el de El Salvador. Allí, detalla el documento con base en datos de la Dirección General de Centros Penales, miles de reos madrugan para sembrar granos y criar tilapias en el "Plan Cero Ocio". Este sistema le ahorra al país 56,1 millones de dólares al año.

No obstante, el modelo levantó las alarmas de Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes denuncian que estas labores bajo custodia militar rozan el trabajo forzado y violan las Reglas Nelson Mandela de la ONU.

En la otra orilla está Colombia. Según el análisis de la reciente Ley 2446 del Congreso colombiano, ese país ofrece exenciones de impuestos a la empresa privada que ingrese a las prisiones.

A la par, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) transfiere inmensas fincas decomisadas al narcotráfico para crear colonias agrícolas, como la de Acacías, que logra abastecer a supermercados nacionales.

Finalmente, está el caso de Brasil con el método APAC, documentado por la Fraternidad Brasileña de Asistencia a los Condenados (FBAC). En estas prisiones, donde no hay guardias armados, los internos manejan las llaves y cultivan hortalizas. El documento subraya que este modelo de autogestión cuesta un 33% menos que una cárcel normal y desploma la reincidencia criminal a apenas un 15%.