“No guardo rencores”. Con esa frase, la exministra de Energía Andrea Arrobo rompió el silencio este viernes 10 de mayo del 2024. Tras 24 días de renunciar a su cargo, Arrobo dijo que “servir desde lo público tiene sus complejidades, entre ellas, saber que lo técnico no es suficiente en un país en dónde manda la política«.
La exministra Arrobo enfrenta desde el pasado 16 de abril una denuncia por sabotaje, junto a otros 20 funcionarios del sector eléctrico, por el presunto delito de paralización de servicio público al anunciar el reinicio de apagones en Ecuador.
Mas de tres semanas después, Arrobo decidió aclarar varios temas que considera «prudente» en torno a la situación energética del país cuando estuvo al frente de esa Cartera de Estado.
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Andrea Arrobo, estuvo al mando del Ministerio de Energía desde el inicio del gobierno de Daniel Noboa. Tras casi cuatro meses el Presidente, el 16 de abril pidió su renuncia al cargo.
Además, el pasado 8 de mayo, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) admitió a trámite la solicitud de juicio político, presentada por Ana Galarza (Construye), contra la exministra Arrobo.
El trámite de solicitud entra a una fila de espera en la Comisión de Fiscalización que aún tiene varios pedidos de juicios políticos por despachar, incluido el de ministros y exministros de Estado y el de la fiscal general, Diana Salazar.
A continuación, la transcripción textual del comunicado de la exministra de Energía Andrea Arrobo:
“Desde el 16 de abril de este año enfrento una investigación fiscal por el presunto delito de paralización de servicio público. Por consejo de mi abogado penalista, Felipe Rodríguez, me abstuve de acudir a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para impedir que la política contamine el proceso penal, por eso he preferido no hacer declaraciones públicas. Tengo una trayectoria técnica nacional e internacional de más de 10 años en el ámbito energético. No me considero un actor político y he ofrecido respuestas siempre desde ese enfoque. Sin embargo, considero prudente hacer esta publicación para poner en contexto cierta información sobre la situación energética; mi paso por el Ministerio de Energía y Minas; y, declaraciones que se hicieron en la Asamblea.
Recibí un sector en crisis, producto de más de 6 años de abandono y de una falta de inversión de más de USD 10 mil millones, con problemas estructurales y una dependencia de la importación de energía, así como de condiciones climáticas que no pueden solucionarse en 5 meses.
La emergencia debido al cambio climático ha golpeado a toda la región. Tanto es así que Colombia tuvo que decretar un feriado para bajar la demanda; Perú y Panamá cubren su demanda por medio de la generación por gas; y, México y Costa Rica han recurrido a los racionamientos.
Entre noviembre de 2023 y abril de 2024 logramos la aprobación de la Ley de Competitividad Energética que promueve la inversión privada y un plan de eficiencia energética; ambos temas cuentan con el reglamento para su ejecución. También se actualizó y desarrolló el Plan Maestro de Electricidad que contiene, entre otros, un capítulo de atracción de la inversión para nuevas tecnologías para afrontar el cambio climático. Este documento contó con el apoyo del BID.
En términos de generación térmica incorporamos 220 MW de centrales que se encontraban indisponibles cuando asumimos el Ministerio. Como comparación, de enero a noviembre de 2023 sólo se incorporaron 165 MW de este tipo de generación. Actualmente, se siguen incorporando nuevos MW de acuerdo con el cronograma que ya tenía establecido CELEC. Realizamos mantenimientos y recuperamos 8 centrales hidroeléctricas y térmicas desde que iniciamos la gestión. Asimismo, realizamos mantenimientos no programados y de contingencias de 7 centrales a escala nacional. A esto se suman las actividades realizadas en los frentes de hidrocarburos y minería.
El proceso para la contratación de la barcaza se declaró desierto el 22 de noviembre de 2023, un día antes de que el nuevo Gobierno asuma sus funciones. El 24 de noviembre, un día después de la posesión, se instaló el Comité de Crisis Interministerial que trabajó para lograr el cumplimiento de los requisitos para la instalación de la barcaza: permisos ambientales, giro específico de negocio (SERCOP), determinación de la subestación de interconexión, permisos en puerto. Esto permitirá la instalación de 450 MW de generación emergente.
En la comparecencia en la Asamblea se mencionó que existía un «sinfín» de Quipux pendientes. El reporte remitido por la Coordinación Administrativa Financiera del Ministerio de Energía, muestra que quedaron 29 Quipux en trámite, correspondientes a lo que ingresó en 8 horas durante el 16 de abril (día de mi renuncia).
Con respecto a lo mencionado sobre la ejecución del 2,5% del presupuesto anual del Ministerio, cabe indicar que para el 2024 correspondía un presupuesto prorrogado de USD 59,36 millones, pero que no contaba con la asignación de fuentes de financiamiento por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, a pesar de las gestiones, por falta de liquidez no se hicieron las transferencias requeridas. Recién a partir del 2 de abril de 2024, se aprobó la proforma de este año por un monto de USD 62,8MM. La programación de la ejecución de los recursos de inversión está condicionada a la fuente de financiamiento que asigna el Ministerio de Economía, a la disponibilidad de caja y a la programación de desembolsos.
Más allá de lo urgente, trabajamos en una estrategia a largo plazo para que el sistema energético del país sea resiliente frente a los efectos del cambio climático, pues debemos dejar de ser un país con visión cortoplacista y empezar a hacer cambios estructurales y disruptivos.
No ha sido, ni será mi intención ingresar a la zona de funcionalidad de la política, mucho menos afectar al gobierno del presidente Daniel Noboa. Las circunstancias adversas, sumadas a las fallas estructurales, han llevado a que se haya tergiversado la información y cuestionado la gestión del Ministerio. Con respecto al proceso legal, mi versión y toda la información se encuentra en el expediente de la Fiscalía General del Estado.
Dejar el sector privado para servir desde lo público tiene sus complejidades, entre ellas, saber que lo técnico no es suficiente en un país en dónde manda la política. A pesar de todo, no guardo rencores. Mi trabajo se apegó a cumplir un plan integral por el país, del cual cuento con los respaldos respectivos. Andrea Arrobo Peña”.
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