En medio del desastre sanitario a causa del nuevo coronavirus, el Parlamento peruano discutía el viernes la destitución del presidente Martín Vizcarra.
Esto tras la difusión de audios donde coordinaba la defensa de una investigación sobre su entorno por la contratación estatal de un conocido suyo.
Crisis política en Perú
La crisis explotó el jueves con la difusión de tres audios y el viernes, sin haber realizado una investigación sólida, el Congreso ya había decidido por 65 votos a favor iniciar un debate para decidir en los próximos días si se destituía al mandatario.
Por ley se necesitaban al menos 52 votos.
Vizcarra dijo temprano, desde una universidad donde la farmacéutica Sinopharm experimenta la fase tres de una vacuna contra el virus, que se había “urdido una trama para desestabilizar la democracia”.
Añadió que no renunciará, como sí lo hizo su antecesor Pedro Pablo Kuczynski en 2018, de quien era vicepresidente.
Steve Levitsky, profesor de ciencia política de la universidad de Harvard, dijo a The Associated Press que la decisión del Congreso era “desastrosa”.
Además, que la democracia peruana “se está hundiendo desgraciadamente cada vez más en una crisis” en un país donde cientos mueren cada día a causa del virus.
El Congreso de 130 miembros debe ahora sumar 87 votos para destituir al presidente entre el martes 15 y el 22 de septiembre.
Los parlamentarios podrían acelerar la votación final si logran reunir 104 votos.
En el procedimiento, el presidente o su abogado podrían intervenir por una hora.
Comisión parlamentaria
Una comisión parlamentaria y la fiscalía investigan cómo un conocido del presidente, llamado Richard Cisneros, fue contratado nueve veces entre 2018 y 2020 por el cual se le pagó 49.500 dólares.
El parlamentario Edgar Alarcón, quien difundió los audios y dirige la comisión donde se investiga la contratación de Cisneros, afirma que Vizcarra debe ser destituido por incapacidad moral.
Favores de Vizcarra
Los legisladores apuntan a que Vizcarra habría favorecido a Cisneros en las contrataciones realizadas en el Ministerio de Cultura para que brindara charlas motivacionales a funcionarios para que mejoraran su rendimiento durante la pandemia. El presidente lo niega con énfasis.
El asunto no está claro y ningún parlamentario ha afirmado cuáles son los delitos en los que habría incurrido Vizcarra para ser destituido.
Según un audio, Vizcarra y tres funcionarios cercanos discuten sobre cuántas veces el señor Cisneros ingresó al palacio presidencial.
Vizcarra dice que a través de correos electrónicos se sabe que ingresó cinco veces, pero él sólo recuerda dos veces.
“Hay que decir que entró dos veces”, dice Vizcarra en los audios en referencia a Cisneros.
Esa frase ha sido interpretada como un intento de mentira ante la justicia por parte de sus opositores.
Los audios
Cisneros, un cantante de 52 años poco conocido en Perú, conoció a Vizcarra durante la campaña presidencial de Kuczynski.
A Cisneros se le escucha en otro audio difundido conversando con una secretaria de Vizcarra sin decir nada trascendente, pero el viernes dijo que había sido grabado para ser usado en una “conspiración” y acusó que detrás de todo estaba el legislador Alarcón, quien difundió los audios.
“No ha habido ninguna investigación… la destitución del presidente es un asunto muy importante y requiere de una seria deliberación, debate público e investigación.
No ha habido nada de eso”, dijo Levitsky, un estudioso de la política peruana.
Transparencia Internacional
Transparencia Internacional dijo en un comunicado que la investigación sobre los audios donde se escucha al presidente debe investigarse según la ley, “respetando la norma constitucional que el presidente no puede ser acusado durante su mandato”.
El proceso de destitución presidencial es el tercero desde 2016.
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, sometido en dos oportunidades y renunció en marzo de 2018 poco antes de que fuera sometida su vacancia a votación.
Lo reemplazó Vizcarra, quien era su vicepresidente. Si Vizcarra llega a superar el intento de destitución, culminará su gestión en julio de 2021.
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AP