Por Redacción Transmedia Digital |
El cargo de Alembert Vera como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) está en la cuerda floja. El funcionario espera un dictamen de la Corte Constitucional (CC) que podría destituirlo.
El entramado se inició el 29 de agosto del 2023, cuando el juez Leiver Químis, de la Unidad Judicial de Montecristi (Manabí), concedió una acción de protección a la ciudadana Betty Moreira Marcillo. Ella pedía que el organismo conforme una veeduría ciudadana que evalúe las acciones administrativas y designación de jueces de la CC por parte del Consejo Transitorio, presidido por Julio César Trujillo.
Sin embargo, en 2019, el máximo organismo de justicia del país puso un candado legal que impide que el Consejo definitivo revise la actuación del Transitorio. Vera acató el fallo judicial y el 4 de septiembre del 2023 se abrieron las inscripciones para la conformación de la veeduría.
Inmediatamente, la Corte pidió explicaciones para saber si su fallo -el que impedía la revisión de las decisiones del Transitorio- se cumple o no. Ese día enviaron solicitudes de información al Cpccs, a la Fiscalía General del Estado y al juez Quimis.
Dos días más tarde, Vera aclaró que la veeduría no es iniciativa del Cpccs. En un conversatorio con la prensa señaló que “dejaron de lado posturas personales” para cumplir con la sentencia judicial.
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Consejeros en contra
Una vez que se hizo pública la convocatoria para la conformación de la veeduría ciudadana, tres de los siete consejeros del Cpccs se pronunciaron. La vicepresidenta, Nicole Bonifaz y los vocales Mishelle Calvache y Andrés Fantoni se distanciaron de la decisión de Alembert Vera de dar paso a ese proceso. Señalaron que la decisión abrir las inscripciones fue unilateral y que ellos no fueron consultados.
Bonifaz dijo que el 31 de agosto pidió un informe jurídico sobre las implicaciones de la veeduría propuesta por Vera. Añadió que la petición no ha sido respondida.
En tanto, Calvache y Fantoni emitieron un comunicado. “Nos apartamos de cualquier tipo de actuación o criterio que se realice con el objetivo de intervenir o decidir sobre otras instituciones”, señalaron en un comunicado conjunto.
Hasta ese momento, Vera aún tenía mayoría en el Consejo para las votaciones de distintos temas. De hecho, él junto a los vocales Johanna Verdezoto, Augusto Verduga y Yadira Saltos votaron en junio pasado una moción para que el Cpccs revise el título universitario de la fiscal general Diana Salazar, también designada por el Consejo Transitorio.
Sin embargo, el 20 de septiembre, la consejera Verdezoto solicitó cambiar el orden del día de la sesión del organismo. Pedía que se incluya un punto para archivar la veeduría ciudadana. Su pedido no prosperó, ya que Vera suspendió la reunión. Con ese pedido, ella tomó distancia del presidente del Cpccs. Ahora Alembert Vera cuenta únicamente con el respaldo de dos de los siete consejeros: Augusto Verduga y Yadira Saltos.
Corte de Manabí deja sin piso la veeduría
La Corte Provincial de Manabí dejó sin piso el fallo del juez Quimis. El organismo de justicia respondió a un pedido de apelación que presentó la Contraloría General del Estado. Determinó que la conformación de una veeduría es inviable, debido al candado constitucional que existe y precisó que el magistrado cayó en un error inexcusable.
En su argumento, la Corte precisa que no existe una inviolabilidad de derechos, por lo que la acción de protección presentada para solicitar la veeduría no procede. Con esto, el juez Quimis, quién ya enfrenta un proceso de prevaricato, también podría ser destituido.
A la espera de la resolución de la Corte
El 25 de septiembre, los siete consejeros se presentaron ante los jueces de la CC para rendir cuentas por sus actuaciones. Allí Alembert Vera bajó el tono con el que se había referido al caso en declaraciones pasadas e incluso señaló que todo se trata de un mal entendido y recalcó que le tocó cumplir con la orden de un juez.
Durante la audiencia, el presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, le preguntó a Vera si estaba de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional que blindó las actuaciones del Cpccs-Transitorio. Él respondió que “jamás su postura particular, individual o subjetiva puede estar por encima de una decisión colectiva o la intención colectiva institucional”.
Respecto a la conformación de la veeduría ciudadana, Vera y los otros consejeros de mayoría insistieron en que el objetivo no era revisar nombramientos. Añadieron que solo acogían denuncias ciudadanas.
A esta diligencia también acudió el juez Quimis, quien reconoció que el Cpccs sí apeló a su decisión de conformar la veeduría ciudadana, pero que este documento llegó tarde. Ahora la CC debe emitir su dictamen que podría terminar con la destitución de Vera y sus colegas.
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“En sus manos está hacer respetar la Constitución y la Ley, a través de la destitución”. Diana Salazar comparece en audiencia que decidirá el futuro del Cpccs https://t.co/tF4W6fxIJK pic.twitter.com/OCLKXDkTml
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