Por Redacción Transmedia Digital
Entre 2022 y 2023 en Ecuador se dictaron seis sentencias favorables en casos de violencia política por razones de género. Según especialistas, el país es uno de los que mejor legislación tiene en ese ámbito. Sin embargo, expertas reconocen que hace falta más socialización y protocolos en las organizaciones políticas para erradicar esta problemática.
Para Ana Gómez, coordinadora legal de Mujeres por la Equidad de Género y Autonomía (MEGA), el problema de Ecuador es que no se socializa la normativa y esta no se cumple, incluso desde los organismos estatales.
Recuerda, por ejemplo, que en las últimas Elecciones Generales Anticipadas fue el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) quién no iba a hacer cumplir la paridad en las candidaturas. La normativa se cumplió por un reclamo presentado por organizaciones de mujeres.
En ese sentido, señala que el principal problema radica en la falta de sensibilización y la poca importancia que se da a las mujeres en los espacios de participación política. “El hecho de que tengamos una buena ley o buenas sentencias no garantiza que la sociedad cambie su comportamiento”, dice Gómez.
Sentencias por violencia política por razones de género sientan precedentes
En Ecuador, la violencia por razones de género en política va desde comentarios sexistas y despectivos hasta agresiones físicas y amenazas. Gracias a la normativa vigente, en los últimos 18 meses tres alcaldes fueron destituidos de sus cargos por violentar a mujeres.
La primera sentencia que se dictó en el país fue en contra de Jorge Luis Feijoó, alcalde del cantón Paltas, en la provincia de Loja. El Tribunal Contencioso Electoral (TC) lo sancionó por no dejar a su vicealcaldesa, Jennyfer López, cumplir con su labor.
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López denunció que solo en campaña las organizaciones políticas buscan a las mujeres para cumplir con el reglamento de participación. “Pero cuando ya ganan se olvidan de la mujer y sus capacidades”, dijo la funcionaria.
La segunda sentencia con sanción de destitución fue en contra del alcalde de Célica, en la misma provincia. Y la tercera destituyó al alcalde de Francisco de Orellana. En esa ocasión, se le sancionó por hablar de la vida privada y sexual de su compañera de fórmula.
Otras sanciones conocidas fueron en contra del ex asambleísta de CREO, Diego Ordóñez, quien insultó a su colega parlamentaria, Mónica Palacios, por medio de su cuenta de X (antes Twitter). También fue pública la sanción en contra de Alejandro Rodas Coloma por agredir a la entonces candidata a la alcaldía de Quito, Jessica Jaramillo por su apariencia física.
Para Gómez estas sentencias sientan un precedente en el ámbito político y marca un cambio en los nuevos procesos judiciales. La idea, dice la especialista, es que las mujeres no deban demostrar que son víctimas, sino los agresores deben mostrar que no cometieron el delito.
Un estudio realizado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo reveló que el 57% de las mujeres políticas en Ecuador han sufrido violencia por razones de género. Esta tiene un impacto negativo en la participación política de las mujeres, ya que muchas se ven obligadas a abandonar sus cargos o a limitar su participación por miedo a represalias.
A pesar de que las mujeres representan aproximadamente la mitad de la población, su presencia en cargos políticos es significativamente menor. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, solo el 39% de los cargos de elección popular en Ecuador son ocupados por mujeres.
Protocolos de protección en las organizaciones políticas
Para la consultora política, Grace Jiménez, a este tipo de violencia política por razones de género se suma la que reciben las mujeres por parte de sus colegas y en redes sociales. Por ello, dice, es fundamental que se desarrollen procesos de sensibilización y formación de los actores políticos.
En tanto, Gómez considera que una de las falencias de las organizaciones políticas es la falta de protocolos para prevenir y sancionar la violencia por razones de género en su interior. En Ecuador solo el movimiento político Unidad Popular ha construido un documento de este tipo.
Natasha Rojas, coordinadora nacional de esta organización sostiene que este protocolo les permitirá establecer directrices y tener un documento base para actuar en determinados momentos y no hacerlo “en función de improvisaciones”. Además, garantizará espacios seguros para la formación de nuevos liderazgos femeninos.